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El presidente catalán, Carles Puigdemont, deberá decidir si cede a amenazas y apelaciones de derecha e izquierda, o declara la independencia como les exigen sus aliados. Mariano Rajoy aseguró que de seguir el conflicto habrá que “tomar medidas”.
La peor crisis política de la democracia española afronta horas dramáticas en las que el presidente catalán, Carles Puigdemont, decidirá si cede a amenazas y apelaciones de derecha e izquierda, o declara la independencia como le exigen sus aliados.
El último llamamiento a Puigdemont para que renunciase a la proclamación lo hizo la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, asegurando que esta pondría en peligro “la cohesión social”.
“Los resultados del 1º de octubre no pueden ser un aval para proclamar la independencia”, dijo en una declaración institucional, solicitando al mismo tiempo al jefe de gobierno de español, Mariano Rajoy, que no suspenda la autonomía de Cataluña y que retire los refuerzos policiales enviados a la región.
El ejecutivo de Rajoy fue más allá: si Puigdemont sigue adelante “habrá que tomar medidas”, advirtió la vicepresidenta del gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, en declaraciones a la emisora de radio Cope.
Y pidió a los independentistas “que no se tiren al precipicio”.
El martes, Puigdemont tendrá una primera oportunidad de proclamar la independencia en su comparecencia ante el Parlamento regional catalán -a las 16H00 GMT- tras el referéndum de autodeterminación prohibido del 1º de octubre. Según su ejecutivo en este la secesión logró el 90% de los votos con una participación del 43%.
La última vez que un gobierno catalán declaró la independencia, en 1934, su presidente Lluís Companys acabó en la cárcel, un hecho que un dirigente del Partido Popular de Rajoy, Pablo Casado, le recordó a Puigdemont.
Constitución
La vicepresidenta eludió concretar si el gobierno aplicaría el artículo 155 de la Constitución española, que prevé la suspensión e intervención del gobierno regional catalán, pero deslizó que el Senado debería ser parte de la respuesta, y es precisamente la Cámara Alta la que debe dar el visto bueno a esa medida.
El líder del primer partido de la oposición española, el socialista Pedro Sánchez, también pidió a Puigdemont que “pare las máquinas y no haga la declaración unilateral de independencia”.
Ayer, tres empresas catalanas más -la inmobiliaria Colonial, la operadora de autopistas Abertis y su filial de telecomunicaciones Cellnex- anunciaron que trasladaban su sede social de Barcelona a Madrid, con lo que la región perdió seis de sus siete compañías en el índice bursátil español Ibex 35.
Para la principal patronal catalana, Fomento del Trabajo, esto “es un reflejo claro del grado máximo de preocupación” del mundo empresarial, señaló en un comunicado, pidiendo a los independentistas frenar sus planes que podrían llevar “hacia la insolvencia económica”.
E.P.
