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El juez que lleva adelante la causa convoca a otros sospechosos de pagar coimas y decide si incluye en el llamado a un hermano de Fabián De Sousa. Y, por ahora, no acepta al exministro de Economía de Santa Cruz Juan Manuel Campillo como arrepentido.
CLARIN.COM. A mediados de la semana próxima, el juez federal Claudio Bonadio llamará a declaración indagatoria a más empresarios que pagaron coimas por obras públicas en los gobierno K y decidirá si incluye en el paquete al hermano del empresario K, Fabián de Sousa, Osvaldo de Sousa, entre otras medidas, en la causa de los cuadernos de los sobornos. Así con 42 procesados, esta causa sigue creciendo en número de involucrados y de nuevos hechos que se van sumando al expediente principal.
Como su juzgado habilitado por la feria, Bonadio además espera que el exministro de Economía de Santa Cruz, Juan Manuel Campillo, amplíe la confesión que hizo ante el fiscal Carlos Stornelli para aceptarlo dentro del régimen de imputado-colaborador, informaron fuentes judiciales.
Luego de la quinta ampliación de la confesión del financista K, Ernesto Clarens, Bonadio tiene en carpeta los nombres de 18 empresarios o representantes de empresarios de firmas de peaje que habían entregado coimas, más otros por contratos con Vialidad Nacional.
Por lo pronto, el fiscal Stornelli le pidió que indague a Osvaldo De Sousa, hermano del socio de Cristóbal López, detenido en la causa por la retención indebida de 8 mil millones de pesos de impuesto al combustible. Es por la compra sospechosa de dos de departamentos del edificio de Juncal y Uruguay donde vive Cristina Kirchner. Además, los departamentos fueron allanados por Bonadio y podría haber servido también para alojar las coimas que recibía el secretario privado de los Kirchner, Daniel Muñoz, en los viajes que hacía el chofer del secretario de Coordinación de Planificación, Roberto Baratta, Oscar Centenero.
El departamento del quinto piso, donde hoy vive la expresidenta, hasta fines del 2015 estuvo alquilado por Cristóbal López, quien a su vez se lo subalquilaba al abogado de Indalo Petróleo, Mauro Ismael Sánchez y su esposa Natalia Inés Lima. En agosto, el juez dictó una orden de allanamiento para el departamento de Juncal y Uruguay y otros dos inmuebles de Cristina, pero no se concretaron debido a que cuenta con la protección de los fueros parlamentarios y solo lo hizo cuando lo autorizó, semanas más tarde, el Senado.
La abogada Silvina Martínez informó que los dos inmuebles de la calle Uruguay 1306, ubicados abajo del departamento de la senadora por Unidad Ciudadana, fueron comprados en efectivo por Osvaldo de Sousa, hermano de Fabián entre 2010 y 2011. Sin embargo, terminaron a nombre de López mediante un proceso de división que ejecutó el empresario en 2014.
“Milagros Cordero vende a Osvaldo Manuel De Sousa, bajo el régimen de la Ley 13.512 de Propiedad Horizontal, sus decretos reglamentarios y demás legislación aplicable a la Unidad Funcional número tres, ubicada en el primer piso, del inmueble sito en esta Ciudad, con frente a la calle Juncal número mil cuatrocientos nueve y mil cuatrocientos once, esquina a la calle Uruguay números mil trescientos seis”, se puede leer en uno de los documentos que presentó Martínez sobre la compra de los inmuebles.
El cuarto piso fue adquirido primero, a mediados de 2010, por un valor de 450 mil dólares en efectivo, mientras que el primer piso fue comprado un año más tarde por un monto de 435 mil dólares, también en efectivo. “Estos departamentos siempre fueron administrados por Osvaldo Sanfelice, el histórico socio de Máximo Kirchner. Nosotros creemos que es una prueba más que suficiente para tomarlo como el testaferro de los Kirchner. Recordemos que las propiedades que eran de Cristóbal López en su rol propio no las administraba Sanfelice, pero aquellas que tenían alguna vinculación con la familia Kirchner, como así los hoteles, eran administradas por Sanfelice. Creemos que era una pantalla”, manifestó la abogada Martínez, asesora de la exdiputada Margarita Stolbizer.
Por otra parte, según las fuentes judiciales Bonadio “no está satisfecho” con la confesión de Campillo. Cree que “esconde más datos de los que dio y cuenta cosas indemostrables” y, por lo tanto, por ahora no aceptaría que se convierta en otro arrepentido en esta causa.
Campillo pasó el fin de año en el penal de Ezeiza porque su acuerdo de colaboración la causa de los cuadernos aún no fue homologado por el juez.
Esta semana la audiencia formal ante el juez se realizó con normalidad, pero Campillo debe sumar más datos para quedar libre bajo caución.
Campillo, también extitular de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca) durante el último gobierno kirchnerista, fue detenido hace más un mes, junto a su sobrino, Gastón Campillo, acusado de “valijero” durante el kirchnerismo.
A pesar de que se desmarcó del mote de “valijero” en su primera indagatoria, se presentó ante el fiscal Carlos Stornelli con el defensor oficial Gustavo Kollmann y pidió declarar como arrepentido. En declaraciones radiales, Stornelli había asegurado que el testimonio de Campillo había sido “muy importante”, pero aún resta que lo homologue Bonadio. “No puedo extenderme mucho porque hemos firmado un convenio que debe mantenerse en reserva hasta que el juez lo incorpore a la causa. Pero es importante el aporte. No sé si Campillo personalmente, pero es una persona que estuvo muy cerca de Néstor Kirchner desde los comienzos como gobernador en Santa Cruz”, había dicho Stornelli. Campillo fue señalado por la también arrepentida Elizabeth Ortiz Municoy, vinculada a la venta de inmuebles en Estados Unidos del secretario privado del expresidente Néstor Kirchner, Daniel Muñoz.
