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Será hoy desde las 10:00. Habrá más de 50 oradores. En la nómina de expositores también aparecen la abogada especialista en derechos humanos Nelly Minyersky y Matías Bagnato, sobreviviente de la masacre de Flores en 1994.
Buenos Aires, (NA) - El debate en torno a un nuevo Régimen Penal Juvenil se reanudará hoy en la Cámara de Diputados con las exposiciones de familiares de víctimas, abogados, funcionarios judiciales, representantes de organizaciones no gubernamentales y expertos en la temática.
Entre los más de 50 oradores que se espera que concurran al plenario de las comisiones de Legislación Penal, Familia y Presupuesto, que se reunirá a partir de las 10:00 en el edificio anexo, figura María Luján Rey, la madre de Lucas Menghini Rey, fallecido en la Tragedia de Once el 22 de febrero de 2012. En la nómina de expositores también aparecen la abogada especialista en derechos humanos Nelly Minyersky y Matías Bagnato, sobreviviente de la masacre de Flores en 1994.
Disrtantes
Otros oradores serán la jueza y presidenta de la Asociación Latinoamericana de Magistrados, Funcionarios, Profesionales y Operadores de Niñez, Adolescencia y Familia, María Amanda Fontemachi; el presidente del Tribunal Superior de Corrientes, Alejandro Chaín, la legisladora porteña Laura Marrone (FIT); el presidente de la Federación Universitaria de Buenos Aires (Fuba), Fernando Ramal; y la jueza de menores de la Ciudad de Buenos Aires Carla Cavaliere.
A su vez disertarán Karina Valobra, la abogada del servicio jurídico comunitario de Bajo Flores; y el “obispo villero” monseñor Gustavo Oscar Carrara.
En la primera audiencia convocada por el plenario de comisiones presidido por la diputada radical Alejandra Martínez, titular de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, expusieron funcionarios del Ministerio de Justicia, mientras que en la segunda audiencia estuvo reservada a jueces, defensores de la Niñez y especialistas.
Reformas
Más allá de la baja en la edad de imputabilidad de los 16 a los 15 años, la reforma del Poder Ejecutivo propone un máximo de cárcel de 15 años y prohíbe “la imposición de reclusión y de prisión perpetua” para los jóvenes de entre 15 y 18 años.
Pese a esto, la iniciativa aclara que la prisión efectiva será “el último recurso” y “por el plazo más breve posible”.
A su vez, el texto estipula que los adolescentes “no serán pasibles de sanciones privativas o restrictivas de la libertad en función de infracciones de naturaleza contravencional o de faltas”.
Además, se establece que la prisión preventiva para los adolescentes tenga un plazo máximo de un año.
