Nuestro WhatsApp:+54 9 2477 65-4706
Ayer se llevó a cabo el último encuentro en el Palacio de Justicia, en donde se expusieron críticas tanto al modelo comercial de la empresa como a la falta de farmacias en ciertas zonas del territorio bonaerense.
BUENOS AIRES, (NA) - La Corte Suprema de Justicia concluyó ayer con las audiencias públicas que habían sido convocadas en el marco del juicio que inició Farmacity y ahora el máximo tribunal deberá decidir si le permite a la firma abrir sucursales en la Provincia de Buenos Aires, algo que tiene impedido por la legislación vigente.
Ayer se llevó a cabo el último encuentro en el Palacio de Justicia, en donde se expusieron críticas tanto al modelo comercial de la empresa como a la falta de farmacias en ciertas zonas del territorio bonaerense. Ahora, el máximo tribunal argentino deberá decidir si le permite a la compañía abrir sucursales en el distrito más poblado del país, para lo cual debería declararse inconstitucional una ley local que prohíbe que este tipo de establecimientos estén en manos de sociedades anónimas.
En la audiencia de ayer, que comenzó a las 10:15, expusieron los representantes de la cadena, de la Fiscalía bonaerense y del Colegio de Farmacéuticos provincial.
Los enviados de Farmacity aseguraron que la empresa estaría dispuesta a llegar a los lugares más carenciados del distrito para “cubrir una demanda insatisfecha”, mientras que las otras dos partes aseguraron que la firma “incumple con todos los procesos sanitarios” y “ataca a la profesión”.
La audiencia estuvo presidida por los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, ya que Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti se excusaron de intervenir por tener una relación previa con la compañía. De hecho, el flamante presidente de la Corte tiene como socio en su estudio de abogados a Gabriel Bouzat, el apoderado y principal defensor de Farmacity durante el debate de ayer.
En tanto, Rosatti trabajó antiguamente con Andrea Gualde, directora de Asuntos Jurídicos e Institucionales de la compañía y la otra oradora del día a favor de declarar inconstitucional la Ley número 10.606 de la Provincia de Buenos Aires.
Los representantes de la cadena comercial resaltaron que la restricción de que las farmacias no puedan ser propiedad de capitales anónimos “no está en la Constitución nacional”, por lo que consideraron que “este conflicto debe resolverse haciendo prevalecer las normas nacionales por sobre las provinciales”.
“Los accionistas de la empresa están correctamente inscriptos y son de conocimiento público. Son 10 personas físicas, algunas de las cuales están presentes hoy aquí, y cuatro sociedades”, destacó Bouzat. A su turno, Gualde invitó a declarar a una de las farmacéuticas de la cadena que aseguró que tiene “absoluta independencia” para administrar los establecimientos.
Por su parte, el fiscal de Estado bonaerense, Hernán Gómez, manifestó que el modelo sanitarista es potestad de los gobiernos locales y que “la realidades entre la Ciudad y la Provincia son diferentes” por “la extensión” y “la necesidades” de cada una.
Ante esto, los jueces de la Corte señalaron que sí hay sociedades anónimas a cargo de otros establecimientos de salud como hospitales y clínicas privadas.
“Finalmente, el que culmina el acto de entrega al medicamento es el farmacéutico”, explicó el funcionario ante la insistencia de los miembros del tribunal.
Por último, la presidenta de la Confederación Farmacéutica Argentina y del Colegio Farmacéutico de la Provincia de Buenos Aires, María Isabel Reynoso, advirtió que en una sociedad anónima, los profesionales médicos “no pueden decidir qué remedios se van a comprar o cómo almacenarlos”.
“Esta empresa está atacando a la profesión e incumple con todos los procedimientos sanitarios. Le ofrece chocolates a una persona con diabetes y papas fritas a un hipertenso”, cerró.
