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El conjuez de primera instancia en lo Civil y Comercial Federal, Antonio Rojas Salinas dispuso la misma medida para tratar el reclamo de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) por la adecuación de oficio del Grupo Clarín.
Buenos Aires, (NA) - El juez federal Rodolfo Canicoba Corral habilitó ayer la feria judicial de este mes para darle curso a una denuncia que hizo una ONG contra la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, por el nombramiento de 16 fiscales.
Se trata de una de las tres denuncias penales que constan contra la procuradora por la designación de 16 fiscales en distintas áreas a partir del 2 de febrero, argumentando la reciente reforma del Código Procesal Penal, que aún no está vigente.
La causa había sido iniciada el 5 de este mes por la ONG Ciudadanos Libres por la Calidad Institucional, y ahora fue citado su presidente, José Magioncalda, a ratificar la denuncia el 14 del corriente.
El 30 de diciembre, último día hábil judicial, la procuradora dispuso, basándose en los nuevos cargos creados por el Código Procesal Penal, la designación de 16 fiscales, muchos de los cuales son acusados de serle afines políticamente.
Paralelamente, esas designaciones valieron una serie de amparos pidiendo su suspensión, antes de que se hagan efectivas el 2 de febrero próximo, al reanudarse la actividad judicial.
La decisión tomada por el juez federal Canicoba Corral es como subrogante del juzgado federal 5, cuyo titular es Norberto Oyarbide, pero se encuentra de licencia por el receso judicial.
El juez notificó por cédula a la ONG sobre “urgente/habilitación de feria judicial” de la causa 24/2015, y convocó a Magioncalda, presidente de la misma, a ratificar la denuncia el 14 de este mes.
Luego se prevé que el magistrado de curso al fiscal interviniente para que éste determine si impulsa o no una investigación sobre Gils Carbó, imputada por el fiscal Guillermo Marijuan en otra causa, por supuesto incumplimiento en no dar curso a un pedido de desafuero contra Carlos Gonella.
En tanto, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal rechazó habilitar la feria judicial para resolver un recurso contra un concurso para designar a dos fiscales federales, claves en las causas por corrupción.
El planteo había sido hecho por el secretario Ignacio Rodríguez Varela, un colaborador del fiscal José María Campagnoli, y quie participa de ese concurso para cubrir dos cargos de fiscal, en la 5 y la 10.
Adecuación de Clarín
La Justicia decidió ayer habilitar la feria judicial para tratar el reclamo de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) por la adecuación de oficio del Grupo Clarín.
La decisión fue adoptada por el conjuez de primera instancia en lo Civil y Comercial Federal, Antonio Rojas Salinas.
El proceso de adecuación del grupo de medios está bloqueado por una medida cautelar, que el Gobierno intentó levantar con un per saltum ante la Corte Suprema, pero a fin del año pasado el Máximo Tribunal rechazó esa posibilidad.
La cautelar dictada por el juez Horacio Alfonso frena la adecuación hasta la que haya una medida judicial definitiva.
Ahora, con la habilitación de la feria, la Justicia continuará con el análisis de la cuestión.
El pasado 30 de diciembre la Corte Suprema rechazó el per saltum presentado por el Gobierno en contra de la medida cautelar, al considerar que la presentación no era correcta.
