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Enrique Blaksley, cabeza del grupo, preso en Ezeiza, acusado de lavado y de defraudar a cientos de ahorristas por un daño de más de 1500 millones de pesos y el pergaminense Alejandro Carozzino, su gerente administrativo, enfrentarán al Tribunal Oral Federal N°4.
Durante los últimos años, la fiscal Alejandra Mangano y la jueza María Romilda Servini calcularon y recalcularon el monto final del daño una cifra que nunca terminaba de expandirse. Cuando Enrique Blaksley y sus asociados (entre ellos el joven pergaminense Alejandro Carozzino, su gerente administrativo) fueron elevados a juicio, el cálculo asciende a 1.500 millones de pesos: 184 de estos millones corresponden a los 318 damnificados que se presentaron en el expediente, con 42 sociedades y 3 fideicomisos inmobiliarios en el ámbito nacional, y 66 sociedades en el exterior. Los departamentos entre Miami y Panamá ascienden a 16 por un cálculo de cuatro millones de dólares. Para recabar información, la Justicia envió 22 exhortos a nivel internacional.
Hoy, la suerte de Blaksley se define. Preso en el penal de Ezeiza desde abril de 2018 donde hizo amigos como “El Pata” Medina, luego de que la Justicia le negara la excarcelación en repetidas ocasiones por excusas como la pandemia del coronavirus, Blaksley finalmente enfrentará el juicio en su contra con otros 15 cómplices que incluyen familiares que fueron parte de su trama, abogados y contadores que según las acusaciones de la Justicia federal conformaron lo que fue el caso Hope Funds, una trama doble, pública y privada, que incluye acusaciones de lavado de dinero investigadas por la Procelac además de una megafirma y una serie de subsidiarias dedicada a tomar dinero de ahorristas bajo la pretensión de “contratos de mutuo”, un esquema Ponzi que prometía intereses siderales y no pagaba, la mayor estafa de la historia argentina.
El proceso comenzará el 18 de febrero en el Tribunal Oral Federal N°4, según confirmaron fuentes con acceso al expediente, con audiencias para los jueves subsiguientes. Serán muchas audiencias: la querella de los abogados Hernán Vega y Víctor Varone del estudio Iezzi & Varone, que representa a un contingente de damnificados, presentó 80 testigos, se estiman no menos de 300 propuestos en total, sin contar a los imputados, una lista que puede acortarse, en lo que puede ser uno de los juicios orales más extensos de la historia reciente con las dificultades obvias que representa litigar en la pandemia.
Enojo de la jueza
Hay, mientras tanto, otra trama que se abre en los tribunales federales de Comodoro Py, una que desagradó particularmente a la jueza del caso, María Romilda Servini. Las querellas del caso, con Vega y Varone o con los abogados Gonzalo Romero Victorica y Ezequiel Altinier, quienes reunieron al grupo de damnificados originales que acusaron a Blaksley de estafa y revivieron la causa por lavado que llegaba de reposar un largo tiempo en los tribunales de San Martín, plantearon lo mismo a lo largo de sus quejas: ¿dónde está la plata de Enrique? ¿Cómo se recupera el dinero de la presunta estafa, si es que está en algún lado?
La familia de Blaksley, que enfrentó un embargo de tres mil millones de pesos, llegó a plantear problemas para pagar el gas en su casa del country Pacheco Golf, donde el empresario fue detenido. Algunos meses después, el jefe de Hope Funds entendió que tenía que cambiar de canción tras indagatorias iniciales que eran monólogos en donde se victimizaba un poco. “El 73% de la gente que pasó por mi vida cobró, el 27% restante no, de esos solo el 10% reclama el dinero y el otro 90% banca”, declaró.
El financista, el jugador más mediático de la historia del mercado argentino que le besó el anillo a dos Papas consecutivos, quizás subestimaba sus propios números. 1149 acreedores se presentaron el año pasado para frenar un acuerdo preventivo extrajudicial en el Juzgado Comercial N°30 a cargo del doctor Sebastián Sánchez Cannavó, el mismo que le dictó la quiebra de Hope Funds.
Algunos meses después de su detención, Blaksley regresó a Comodoro Py para ampliar su indagatoria. Aseguró que hablaría “con especial énfasis en favor de los acreedores” para decirle a la Justicia federal “dónde está la plata, cómo fue invertida y cómo se puede recuperar”. Habló de negocios viejos con grupos como Irsa, empresas del negocio deportivo.
