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El planteo del organismo se da luego de que el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la provincia de Buenos Aires autorizara a las compañías a incluir desde febrero en las facturas el concepto “Incremento de Costos Tarifarios”.
La Defensoría del Pueblo bonaerense rechazó la decisión del Gobierno provincial de habilitar un nuevo aumento de tarifas con que los usuarios deberán compensar a las empresas eléctricas por las pérdidas que registraron debido al aumento de sus costos mayoristas y de distribución.
“Es otra muestra más de que el Gobierno le da la espalda a los bonaerenses a favor de las ganancias de las compañías. No descartamos ir a la Justicia si no se da marcha atrás con esta decisión que perjudican a los usuarios, acorralados por la seguidilla de aumentos, y que afecta por sobre todas las cosas a los que menos tienen”, sostuvo el Defensor del Pueblo, Guido Lorenzino.
Incremento costo tarifario
El planteo del organismo se da luego de que el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la provincia de Buenos Aires (Oceba) autorizara a las compañías a incluir desde febrero en las facturas el concepto “Incremento de Costos Tarifarios”, creado por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos como mecanismo para que las distribuidoras puedan recuperar las diferencias por costos mayoristas y de distribución.
“Este recargo hará que el aumento pautado del 36 por ciento en promedio para todas las categorías pase a un 55 por ciento. Es una medida que impacta de manera directa en la facturación de todos los usuarios, incluyendo las Pymes, beneficiarios de tarifa social y las entidades de bien público”, puntualizó Lorenzino.
Edad de imputabilidad
El Defensor del Pueblo bonaerense se pronunció en contra de la intención del gobierno nacional de avanzar hacia una baja de la edad de imputabilidad, al entender que “no es la solución, sino un mensaje efectista para instalar el tema en los medios sin pensar en las verdaderas razones detrás de esta problemática”.
Esta posición se da como respuesta a los dichos de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, quien había asegurado que "desde los 15 años, quien cometa un delito tendrá consecuencias graves", en el marco la presentación de un proyecto que el Ejecutivo planea enviar al Congreso para su debate.
“La discusión por la baja de la edad de imputabilidad de los jóvenes no es la solución al problema, sino una receta efectista para instalar en la agenda mediática y de la cual se quiere aprovechar el gobierno”, sostuvo Lorenzino.
En esa línea, el Defensor del Pueblo aseguró que “la seguridad y los jóvenes requieren un análisis más profundo, que tiene que ver con el trabajo de inserción y de una ley penal juvenil que a nivel nacional todavía no se ha sancionado y que permitiría dar las oportunidades y las expectativas que muchos de estos chicos hoy no tienen”.
