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Solo cinco de los 25 imputados se mostraron dispuestos a prestar indagatoria en el futuro, entre ellos Fariña, el empresario Carlos Molinari, Elaskar, Walter Zanzot y Fabián Rossi.
Buenos Aires, (NA) - Los 25 acusados en el juicio por lavado de dinero en el caso conocido como “ruta del dinero K”, entre ellos el empresario Lázaro Báez, sus cuatro hijos, Leonardo Fariña y el financista Federico Elaskar, se negaron ayer a prestar declaración indagatoria en la segunda audiencia del proceso.
Ante el Tribunal Oral Federal 4, el primero en negarse a declarar fue Báez, quien sin embargo brindó sus datos personales: dijo que nació en Corrientes en 1956, que está divorciado y dio el último domicilio donde vivió antes de ser detenido. “Era empresario”, respondió el patagónico al ser consultado por los jueces acerca de su ocupación.
En tanto, Martín, Leandro y Melina Báez aseguraron ser empleados, y Luciana indicó que es ama de casa.
A través de sus abogados, Báez pidió en la audiencia que Fariña, quien es “imputado colaborador” en la causa, declare bajo juramento de decir la verdad como si fuese testigo, lo que fue descartado por los jueces Gabriela López Iñíguez, Adriana Paliotti y Néstor Costabel.
Ayer también se negaron a declarar el contador Daniel Pérez Gadín y el abogado Jorge Chueco, los otros dos detenidos por el caso.
Los predispuestos
Solo cinco de los 25 imputados se mostraron dispuestos a prestar indagatoria en el futuro, entre ellos Fariña, el empresario Carlos Molinari, Elaskar, Walter Zanzot y Fabián Rossi.
Por otra parte, el Tribunal autorizó a algunos imputados a no estar presentes durante algunos tramos del juicio debido a la distancia de residencia.
Báez, Chueco y Pérez Gadín fueron trasladados hasta los tribunales federales de Comodoro Py a primera hora de este miércoles desde la cárcel de Ezeiza, donde se encuentran detenidos.
“La Rosadita”
La primera jornada del juicio había tenido lugar el miércoles pasado y en el caso se estudian las maniobras realizadas a través de la financiera SGI, conocida como “La Rosadita”, que se hizo conocida cuando salieron a la luz videos en los que se contaba dinero.
Se acusa al empresario de “haber conformado una estructura jurídica, societaria y bancaria en la Argentina y en el extranjero, con el fin de canalizar, convertir, transferir, administrar, vender, disimular y/o poner en circulación en el mercado fondos de procedencia ilícita” para “convertirlos e integrarlos al circuito económico formal bajo apariencia de licitud, al menos durante el período comprendido entre los años.
