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Tras las declaraciones del titular de Arba respecto de una virtual evasión por falta de registro de barrios privados y loteos, la ministra Teresa García admitió que así como en algunos casos hay abusos de los desarrollistas, el Estado provincial no le ha podido “encontrar la vuelta” a esas inscripciones y exculpó a los compradores “de buena fe”.
La ministra de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, María Teresa García, explicó que “estamos trabajando desde diciembre para poner en orden el uso de la tierra en la Provincia”. En ese marco advirtió sobre la intencionalidad política de “instalar la idea del riesgo que corre la propiedad privada en la Provincia” e hizo algunas declaraciones respecto de lo expresado por Cristian Girard, titular de Arba, respecto de la situación irregular que presentan algunos barrios cerrados de la provincia.
La titular de la cartera de Gobierno sostuvo que “desde diciembre tengo la indicación del gobernador Kicillof para que la Dirección de Ordenamiento Urbano que regula el uso del suelo en la Provincia trabaje para poner en norma los barrios privados, clubes de campo, clubes de chacra y también a aquellas viejas extensiones de venta de lotes que dejó a la gente en una situación precaria, porque aún no han podido escriturar”.
“Hay barrios que tienen más de 10 años y los propietarios quedaron en una situación muy compleja porque no tienen escritura”, explicó García y agregó: “Desde enero estamos trabajando para poner en norma, regularizar la situación respecto del uso de suelo y agilizar el trámite, ese es uno de los objetivos de la Unidad de Coordinación de Tierra y Vivienda que ha creado el gobernador Kicillof”.
El lunes, el director de la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (Arba), Cristina Girard, declaró que alrededor del 25 de los barrios cerrados y countries de la provincia no está registrado formalmente, por lo que no paga los impuestos correspondientes.
Girard expuso que esta situación de que no estén registrados implica una pérdida de, “como mínimo, 1.500 millones de pesos al año para el Fisco bonaerense”.
A propósito de estas afirmaciones y asumiendo parte de la responsabilidad en este asunto, la ministra García se sumó y amplió la información: “En la provincia de Buenos Aires hay 1.200 barrios aproximadamente según relevamientos satelitales y certificaciones; son 1200 urbanizaciones cerradas, de las cuales 350 están convalidadas porque que los propietarios ya tienen escrituras; luego hay 97 urbanizaciones que a partir de la convocatoria que hicimos, se presentaron para poder regularizar y tenemos 600 fuera de norma a quienes estamos convocando”, precisó.
García remarcó que en esas situaciones “la culpa no es de quienes compraron de buena fe, es de la burocracia del Estado que no le había encontrado la vuelta”. En ese orden aclaró que “a partir de creación de la Unidad de Coordinación logramos agilizar todos los procedimientos para que estas situaciones puedan ponerse en norma; cuando el barrio esté en norma, inmediatamente sus propietarios tengan derecho a la escritura y paguen los impuestos que corresponden”.
