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El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, procesó a los expolicías Aníbal Degastaldi y Ricardo Bogoliuk por integrar una asociación ilícita acusada de realizar espionaje y extorsión. Resta definir la situación del fiscal Carlos Stornelli.
Dolores, (NA) - El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, procesó ayer con prisión preventiva a los expolicías Aníbal Degastaldi y Ricardo Bogoliuk, y al ex espía Rolando Barreiro, a la par que amplió el del supuesto abogado Marcelo D´Alessio por integrar una asociación ilícita acusada de realizar espionaje y extorsión.
Fuentes judiciales confirmaron a NA que el magistrado también les trabó embargos por 10 millones de pesos a cada uno.
En el fallo, Ramos Padilla le informó al procurador general de la Nación, Eduardo Casal, sobre la situación del fiscal Carlos Stornelli, considerado rebelde en esta causa.
Resta ahora definir la situación de Stornelli, del fiscal suspendido de Mercedes Juan Bidone, a quien le fue rechazado su pedido de ser “arrepentido” en la causa, y la del prefecto Carlos Luffi, el último de los detenidos.
Organización criminal
“El objeto de investigación principal de esta causa consiste en la actuación de una organización criminal dedicada a realizar múltiples tareas vinculadas al espionaje, que incluyeron investigaciones ilegales, extorsiones, ´ablandes´, ´puestas en pánico´, ´aprietes´, ´carpetazos´, ´falsas denuncias´, entre otros modos de coacción e intimidación, todo ello con fines económicos y políticos”, explicó el juez en su fallo.
Además, evaluó que la organización “se desarrollaba en los ámbitos judicial, político, empresarial y periodístico, y su actuación se verificó en diversos lugares del territorio nacional e internacional; tenía para ello las conexiones y vínculos suficientes para llevar adelante aquello que, entre los miembros de la organización, denominaban ´operaciones´”.
“Se llevaron adelante acciones de inteligencia criminal, de espionaje político y/o ideológico, se intentó influir a través de aquellas actividades de espionaje en la vida personal, en la situación institucional, política y económica del país, así como en la opinión pública a través de los medios de comunicación, e incluso se pudo haber visto afectada la política exterior”, determinó Ramos Padilla.
Espionaje ilegal
El magistrado si bien analizó que “la actividad de los periodistas -al igual que la de los magistrados, legisladores y funcionarios públicos- sin duda hace al sostenimiento del Estado de Derecho, la libertad de expresión y los valores democráticos”, en algunos casos “puede ocurrir que la actividad de alguno esté concatenada con una maniobra previa de espionaje ilegal”.
“Será el conocimiento de tal circunstancia por parte de aquel que participa materialmente de este entramado el elemento diferenciador determinante para juzgar su responsabilidad penal frente al caso concreto”, evaluó Ramos Padilla.
“No parece razonable pensar en la posibilidad del ejercicio a lo largo de los años de esta actividad de inteligencia ilegal -de forma privada o tal vez paralela e inorgánica- por parte de la organización sin algún tipo de connivencia, apoyo o aquiescencia por parte de aquellos sectores o agentes que deberían ejercer acciones de contrainteligencia para detectar, impedir y/o contrarrestar la actividad ilegal de organizaciones como las que aquí se han descripto”, sostuvo el juez en su crítica hacia la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
Más aún -dijo- “cuando se toma en cuenta no sólo la amplia publicidad de su accionar sino también el nivel de relaciones con funcionarios públicos del más alto nivel, del Poder Judicial, los Ministerios Públicos, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, miembros de los organismos de seguridad y de inteligencia”.
