Cruces entre la FEB y la Provincia por los aumentos de enero y febrero

Desde el Gobierno provincial aclararon que el 8,26 por ciento de aumento acordado en diciembre pertenece a la paritaria de este año. El sector gremial reclama “contar con una propuesta de incremento salarial con el tiempo suficiente para informar y consultar a las bases”. El lunes se volverán a reunir en La Plata.

DE LA REDACCION. Luego de que la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) señalara que la recomposición salarial de enero y febrero de 2015, “corresponde a la negociación 2014”, desde el Gobierno provincial salieron a cruzar esa información y aclararon que el 8,26 por ciento de aumento acordado en diciembre último pertenece a la paritaria de este año. 

Mediante un comunicado difundido ayer desde el Ministerio de Trabajo bonaerense, la Provincia señaló que pese a “entender los posicionamientos de cada sector en el marco de la nueva discusión salarial (…) la realidad de lo que se acordó en la mesa técnica celebrada el 5 de enero y firmada por las partes, expresa: ‘…se trata de un primer tramo de la paritaria 2015 que abarca los meses de enero y febrero del presente año…”.

De esta manera, el Gobierno desmintió las aseveraciones del gremio integrante del Frente Gremial (junto al Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires -Suteba-, Unión de Docentes Argentinos -UDA-, Asociación de Magisterio de la Enseñanza Técnica -Amet- y Sindicato Argentino de Docentes Privados -Sadop-), y con el mantendrá un nuevo encuentro el lunes próximo, según quedó acordado en la última reunión. De acuerdo a lo que señalaron en la breve nota difundida a los medios, la aclaración surgió tras el “manifiesto de los secretarios generales de la FEB” que emitió el pasado jueves ese gremio bonaerense, en la que además de reiterar su postura sobre la negociación, reclamaron “contar con una propuesta de incremento salarial con el tiempo suficiente para informar y consultar a las bases”. 

Secretarios generales

Los secretarios generales de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), reunidos en la ciudad de La Plata, comunicaron: “El apoyo al trabajo de los paritarios, tanto en lo logrado hasta la fecha como en las acciones que se llevarán adelante durante las negociaciones de 2015. La recomposición salarial de enero y febrero de 2015, corresponde a la negociación 2014. La necesidad de continuar trabajando en la recomposición del básico durante la paritaria 2015, respetando la carrera docente e impactando sustancialmente en el salario de bolsillo. La necesidad de contar con una propuesta de incremento con el tiempo suficiente para informar y consultar a las bases”.

Comienzo de clases

En tanto, la directora General de Cultura y Educación de Buenos Aires, Nora de Lucía, expresó que en el Gobierno provincial confían “en poder comenzar las clases el lunes 2 de marzo”. Y sostuvo que “el gobernador Daniel Scioli tuvo una decisión muy fuerte en diciembre de trabajar sobre el poder adquisitivo salarial y, por primera vez en la historia, se ha dado una recomposición en enero y febrero del 8 por ciento”.

Desde la Casa de Gobierno en La Plata, De Lucía analizó que ese monto “ya queda en el salario, lo cual también impacta en el básico y sirve para la discusión que se está llevando adelante, ya que son sumas que van a seguir integrando las nuevas negociaciones”. Y remarcó: “Venimos bien con las negociaciones, porque tuvimos todas las mesas, las tres comisiones de paritarias abiertas en 2014, y en diciembre pudimos ponernos a trabajar fijando las bases para unas negociaciones que estamos continuando y que deseamos que sea en un consenso con todas las organizaciones gremiales”.

En el mismo sentido, la ministra de Gobierno, Cristina Alvarez Rodríguez, afirmó que el Gobierno bonaerense “trabaja para un normal inicio de clases”. Tras señalar sus “esperanzas de que el ciclo lectivo 2015 comience en tiempo y forma”, subrayó que “a lo largo de estos años siempre logramos paritarias a la alza”.

Ausentismo docente

En una decisión sin precedentes sobre el derecho de acceso a la información pública, la Suprema Corte de Justicia bonaerense ordenó al Ejecutivo provincial brindar datos sobre ausentismo docente a la Asociación por la Derechos Civiles (ADC), una ONG que se dedica a promover los derechos de las personas en situación de amenaza. 

El pleito se originó en un pedido de amparo que la ADC presentó en 2007 para saber cuántos días de clases perdieron los alumnos de 36 escuelas secundarias de los distritos bonaerenses de Florencio Varela, Villa Vatteone y Mariano Moreno, debido a las faltas de los docentes, a raíz de que la Dirección General de Cultura y Educación no brindó la información requerida en tiempo y forma. 

Ese recurso había sido rechazado tanto por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 2 de La Plata, como por la Cámara del mismo fuero, por lo que la ADC presentó un recurso extraordinario ante la Corte, que finalmente lo aceptó, en un fallo cuya mayoría afirmativa conformaron los ministros Daniel Soria, Hilda Kogan, Eduardo de Lázzari y Juan Carlos Hitters. 

Al aceptar el amparo, la Corte impuso a la administración provincial la obligación de brindar a ADC, en un plazo perentorio de 15 días desde la notificación del fallo, la información requerida. En el fallo los magistrados resaltan que, por regla general, toda persona debe tener acceso a la información pública, porque de esa manera los ciudadanos pueden controlar a sus representantes. 

Con citas a las constituciones Nacional y Provincial, y a pactos internacionales, los ministros destacan que el derecho al acceso a la información pública evolucionó de tal modo que actualmente la adecuada publicidad de los actos de gobierno importa una práctica que atañe a la buena administración, que contribuye a la transparencia de la gestión pública y fortalece la confianza entre los ciudadanos y el Estado. 

De esta manera, más allá de los datos concretos, referidos a un pedido sobre circunstancias de 2007, la Corte produjo una decisión que abre el acceso a datos como los referidos al ausentismo docente, sobre los que tradicionalmente no han informado las administraciones provinciales ni tampoco los gremios del sector. En sentido más amplio, además, se pronuncia sobre un derecho esencial de los regímenes democráticos.

Al mismo tiempo, la Corte rechazó argumentos, aceptados por la minoría y por las instancias judiciales previas, respecto al poco tiempo que tenía el Estado para elaborar los datos requeridos; resaltó que en todo caso podía acogerse a la prórroga prevista en la ley luego de informar a las partes y también consideró que “la información generada o controlada por las autoridades estatales se presume pública”.