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El intendente sostiene que hay “política barata y complicidad judicial” en torno a la medida que obliga al Gobierno de Pergamino a adquirir los bidones para abastecer a los barrios indicados en el fallo.
Entre las medidas judiciales vinculadas con la investigación sobre la calidad del agua que se consume en algunos barrios de Pergamino, está la obligación impuesta al Municipio de proveer de agua envasada en bidones de 20 litros semanalmente a los habitantes de Villa Alicia, Luar Kayad, La Guarida, a los esta semana se sumaron los de algunas cuadras de Santa Julia. Son varias las empresas contratadas a tal fin, y son las que se encargan de bajar en los hogares los bidones, en una cantidad acorde al número de moradores. El producto es abonado por el Gobierno local a instancias de una resolución cautelar que tomó el Juzgado Federal Nº 2 de San Nicolás a cargo del doctor Carlos Villafuerte Ruzo. Los análisis realizados oportunamente sobre el líquido por distintos organismos no son 100 por ciento coincidentes, por los que hasta tanto haya una posición definitiva, el magistrado dispuso que los habitantes de la zonas en cuestión no se vean obligados a consumir el agua de red sino que tuvieran garantizado el abastecimiento del producto envasado.
“Sistemáticamente venimos cumpliendo las medidas judiciales a pesar de considerarlas abusivas y extemporáneas; sabiendo que generan un perjuicio a la economía de nuestros vecinos sin conclusiones técnicas ni pruebas fehacientes sobre la relación directa entre el estado del agua y la salud”, expresó el intendente Javier Martínez respecto de la medida, cuyo cumplimiento fue cuestionado esta semana.
Concretamente se lo acusa al Municipio de cortar el suministro, a lo que funcionarios y el propio intendente respondieron negando la especie al aclarar que la suspensión se habría realizado en casos detectados como indebidos.
Reiteró que no se cortó ni cortará la provisión en tanto esté vigente la medida judicial: “Son 8 millones de pesos los que destinamos al pago de estos bidones de agua que algunas veces terminan en manos de personas que no tienen la necesidad de ser asistidas de esta manera porque sus domicilios están fuera de las normativas impuestas por la Justicia”, explicó sobre la decisión tomada.
Advertencia
El intendente sigue sosteniendo que la causa iniciada tiene intencionalidad política y que puede terminar por perjudicar a toda la ciudad. “Es un ataque de carácter ideológico que puede terminar en un corte definitivo del servicio de agua para todos los vecinos. La misma que se provee hace décadas, la misma que tienen ciudades cercanas como Arrecifes, Colón, Rojas o Salto”, expresó.
Pide pruebas
El intendente apuntó a la Justicia federal y criticó la falta de sustento científico, advirtiendo que en caso de haberlo, se pondría al frente de los reclamos y la toma de medidas. “Los pergaminenses estamos ante una orden judicial abusiva de carácter ideológico; soy de acá, mis padres eran pergaminenses y mis hijos también lo son. No hay ninguna estadística del sistema sanitario que pueda, al menos, inferir una relación remota entre la calidad de nuestra agua y la salud de nuestros vecinos; de antes ni de ahora”, afirma Martínez. “Si alguien tiene una prueba al respecto, yo seré el primero en advertir el riesgo que corren nuestros vecinos tomando las medidas que sean necesarias para la protección de la salud”, añadió el titular del Ejecutivo local; “si no es así, hay que ser muy conscientes que esta situación genera incertidumbre y un pesar indescriptible en miles de familias de la ciudad que se sienten desprotegidas por parte del Estado; no solo por el Estado municipal”, manifestó Martínez.
Barata e ideológica
El jefe comunal dice tener “la responsabilidad de hablar con la verdad” y en este sentido hizo referencia a que de manera periódica se desarrollan los análisis comparativos con la calidad del agua de otras localidades de la región y estudios en personas que luego son monitoreados con otras regiones del país. “Estoy tranquilo y seguro sobre la calidad del agua que consumimos, la cual respeta los parámetros legales definidos y recomendados por distintos organismos especializados en la materia, tanto del orden nacional como internacional. Lo he dicho una y otra vez: la discusión tiene que ser técnica. No a través de una política barata e ideológica que pueda encontrar complicidad judicial en un tema tan sensible para nuestra gente”, indicó Javier Martínez.
