Droga: la Defensoría del Pueblo insta que se trate el tema con perspectiva de salud

El martes, como cada 26 de junio, se conmemoró el Día Internacional contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas. En este marco, desde el organismo bonaerense alertaron sobre el consumo de sustancias y destacaron que en Argentina se debería avanzar en un nuevo marco normativo.

El martes se conmemoró el Día Internacional contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas motivó que, desde la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, precisamente el defensor adjunto y responsable del Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos Walter Martello, se alertara sobre el consumo de sustancias y se propusiera avanzar en un nuevo marco normativo.

Incremento

En cuanto al consumo, el defensor del pueblo adjunto advirtió que en algunos departamentos judiciales del interior de la provincia el consumo personal representa más del 70 por ciento de las Investigaciones Penales Preparator (IPP). También sostuvo que los últimos informes estadísticos dan cuenta de un aumento en la cantidad de IPP vinculadas a infracciones a la Ley de Estupefacientes Nº 23.737: pasaron de 32.739 en 2012 a 51.838 en 2017, lo que representa un incremento del 58 por ciento. Asimismo, a nivel país, el número de personas encarceladas por este delito creció un 259 por ciento en 10 años.

El responsable del Observatorio de Adicciones remarcó que, en la provincia de Buenos Aires, se debería avanzar en un nuevo marco normativo y analizarse la posible instrumentación de distintas iniciativas recomendadas por organismos internacionales como son los Tribunales de Tratamientos de Drogas (TTD).

Lo que marcan los números

Según las últimas estadísticas del Ministerio Público bonaerense, en 2016 el 24,86 por ciento de las investigaciones penales por infracciones a la ley de estupefacientes tuvieron que ver con hechos vinculados a la tenencia para consumo personal, mientras que el 5,84 por ciento a la tenencia simple. Llamativamente, en los departamentos judiciales de Necochea y San Nicolás las investigaciones iniciadas a partir de denuncias por tenencia para consumo personal superan el 70 por ciento, mientras en regiones como Azul, Trenque Lauquen y Pergamino están por encima del 40 por ciento. “Si bien la incidencia de las causas por consumo personal viene bajando a nivel nacional y provincial, en algunos departamentos judiciales se registran tasas muy elevadas y, en algunos casos, incrementos interanuales llamativos en cuanto a la cantidad de investigaciones penales preparatorias iniciadas por tenencia de estupefacientes para consumo personal”, explicó Martello.

En cambio, en el fuero federal, las investigaciones que se iniciaron entre 2011 y 2016 en la provincia de Buenos Aires representaron el 39 por ciento.

Se estima que en la Argentina se consumen -en promedio- 13.341 kilos de cocaína y 184.991 kilos de marihuana y si bien el aumento de incautaciones registrado fue muy importante en los últimos dos años, no debe perderse de vista el enfoque sobre la demanda.

Salud pública

Considerando los números estadísticos, “es indispensable que las adicciones se traten exclusivamente como un tema de salud pública y se activen todos los dispositivos institucionales que existen, los cuales en muchos casos fueron creados por ley”, explicó Martello y puso como ejemplo la Ley Nacional N° 26.586, mediante la cual se crea el Programa Nacional de Educación y Prevención sobre las Adicciones y el Consumo Indebido de Drogas.

Dicha normativa contempla: capacitar al personal docente y no docente de cada institución escolar. Complementar esta tarea con la difusión de medidas preventivas, que ayuden a orientar comportamientos y evitar situaciones de riesgo, incluyendo la revisión crítica de actitudes dentro del propio sistema educativo. Promover la vinculación con distintos sectores e instituciones, con el propósito de sensibilizar a la sociedad toda, sobre la necesidad de actuar conjuntamente en la prevención. Crear un Consejo Consultivo, de carácter federal, en el que se encuentren representados la sociedad civil, credos, centros académicos y expertos de reconocida trayectoria y experiencia en la materia.

El Defensor del Pueblo Adjunto consideró que un nuevo marco normativo también debería contemplar otras propuestas que se debaten en la Legislatura como la realización de un relevamiento anual que incluya información fehaciente, y actualizada, sobre el consumo y la comercialización de drogas ilegales en territorio bonaerense.

Tribunales de Tratamiento

Para Martello es indispensable que la Argentina se encamine a un nuevo paradigma en lo que se refiere al combate al narcotráfico, la reducción de la oferta en materia de estupefacientes y la prevención de las adicciones. “El abordaje debe ser integral, enfocado en una perspectiva de la salud y derechos humanos. Debemos ahondar en debates que admitan situar en el centro al individuo, superando definitivamente los enfoques basados exclusivamente en la represión y la prohibición”, explicó.

Como ejemplo a seguir, consideró que debería analizarse, a modo de prueba piloto, la implementación de los Tribunales de Tratamiento por Droga, impulsados por la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (Cicad), que depende de la OEA.

“Desde el Observatorio el año pasado participamos activamente en la asamblea de la Cicad y también pudimos indagar y analizar in situ cómo funciona el único tribunal de este tipo en la Argentina, en Salta, a través de una audiencia de seguimiento. Pudimos corroborar que las estadísticas de tratamiento diferenciado contribuyen a una menor reincidencia en el delito”, destacó Martello.

Características

Los TTD son un programa o procedimiento penal alternativo dentro del sistema de justicia, que está dirigido a infractores cuyos delitos están relacionados con su consumo problemático de drogas. Funcionan en varios países del continente americano. A grades rasgos, presentan las siguientes características: cuando el juez o la jueza de la causa detecta que la persona sometida a un proceso penal por un hecho padece por la dependencia de sustancias psicoactivas, puede ofrecerle que se someta a un tratamiento de recuperación. Según los casos, puede constituir una alternativa de la pena, distinta a la prisión; o incidir directamente en la disminución de la pena aplicable al sujeto que ha prestado su consentimiento para someterse a dicho tratamiento. En caso de incumplir con el proceso de rehabilitación, se reactiva de forma inmediata el proceso judicial.