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Pergamino

El Municipio alega persecución política y apela una decisión judicial por el agua

Juan Manuel Rico Zini, secretario de Gobierno del Municipio. (LA OPINION) Juan Manuel Rico Zini, secretario de Gobierno del Municipio. (LA OPINION)

Días pasados el juez federal Carlos Villafuerte Ruzo ordenó al Gobierno local a entregar agua envasada en el barrio Santa Julia, sobre la base de un análisis del agua de red que se comparó con parámetros de la Unión Europea y no con la legislación provincial. Desde la Comuna dicen que el magistrado es incompetente en esta causa y denuncian motivaciones ideológicas.


El Municipio de Pergamino hizo una presentación ante el Juzgado Federal de San Nicolás en rechazo de la medida cautelar que lo obliga a entregar agua envasada en el barrio Santa Julia -situación reciente enmarcada en una causa madre que es la relacionada a la aplicación de agroquímicos- al considerar que la resolución judicial carece de fundamentos técnicos y/o científicos que la avalen. Al mismo tiempo hizo un planteo de incompetencia, al entender que eventuales problemas en la provisión de agua corriente es una cuestión que se debe dirimir en un juzgado provincial. También, y ya por fuera de la presentación pero sí en términos de declaraciones públicas, en la administración que encabeza Javier Martínez consideran que el juez Carlos Villafuerte Ruzo forma parte de una persecución política e ideológica contra el intendente.
El principal fundamento que esgrimen desde el Municipio para sustentar esta apreciación es que el Juzgado para determinar que en Santa Julia no se debe tomar el agua de red se basó en un análisis realizado sobre muestras tomadas en diciembre de 2019 que indican la presencia de moléculas del herbicida 2-4D en una proporción superior a la permitida. Pero el cuestionamiento es a la normativa sobre la que se basa el juez, ya que toma como parámetro la legislación de la Unión Europea, donde hace años no se usa 2-4D, y no somete los datos a la Ley provincial Nº 11.820 ni a las normas de la Organización Mundial de la Salud, cuyos parámetros serían los pertinentes.

Explicación de Rico Zini
Fue el secretario de Gobierno, Juan Manuel Rico Zini quien explicó a LA OPINION la situación:
“Todo empezó en abril de 2019 con una cautelar notificada al Municipio por el tema de las aplicaciones de agroquímicos, en el marco de una causa por mal uso de esos productos contra tres productores rurales de la zona lindante al barrio Villa Alicia.
En ese contexto, el Juzgado (Federal Nº 2 de San Nicolás) notificó al Municipio que debía proveer agua potable a esa zona de la ciudad comprendida por los barrios Villa Alicia, Luar Kayad y parte de La Guarida. Esa medida cautelar no fue apelada por el Municipio, ya que se la tomó como válida, porque no se tenían datos sobre la calidad del agua. Pero de inmediato el Municipio requirió análisis del agua, tanto de la red como de los pozos de esa zona e hizo cotejar esos análisis con organismos públicos y privados, entre ellos la Autoridad del Agua de la Provincia (ADA), el Inta Castelar y el Instituto Malbrán. A partir de ahí se comenzó a evidenciar que las medidas del Juzgado no tenían ese fundamento técnico y científico que se requiere para dictar una medida de este tipo. En un principio se pensó que lo tenía y por eso el Municipio no apeló. Pero cuando se determinó que la medida no se amparaba en datos legítimos, se empezó a cuestionar judicialmente la decisión.
Con respecto al agua, el Municipio durante todo 2019 y parte de 2020 agregó al expediente documentación del relevamiento sanitario del área donde el juez empezó la investigación para ver si había alguna prevalencia de enfermedades puntuales que pudieran ser atribuidas a una contaminación determinada y que sean normales en las estadísticas de ciudades de las características de Pergamino. Los resultados fueron contundentes sobre que no se encontró nada anormal, todos esos informes fueron anexados al expediente judicial pero no tuvo una recepción que motivara el levantamiento de la cautelar por lo que el Municipio empezó el camino legal de intervención de los organismos superiores, es decir Cámara de Apelación Federal de Rosario y, llegado el caso, Cámara de Casación.
“El pasado viernes 20 el Municipio recibió una cautelar de ampliación de la medida del agua hacia otro barrio de Pergamino, en este caso Santa Julia, que de ninguna manera tiene contacto con los lotes agrícolas que dieron origen a la causa, porque está ubicado en el extremo opuesto del ejido urbano. En Santa Julia, a partir de una inquietud vecinal sobre posible contaminación por un transformador de energía eléctrica, el Concejo Deliberante en 2019 ordenó un relevamiento para conocer la realidad de la situación. Efectivamente se hizo y los resultados, que se tuvieron en enero de 2020, dieron que no había ninguna prevalencia de enfermedades relacionadas con alguna contaminación puntual, estando ese barrio dentro de los parámetros estadísticos normales de enfermedades. Estos datos fueron presentados recientemente en la apelación que se hizo de la última cautelar que ordenó el reparto de agua envasada en Santa Julia.


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- ¿En qué se basó la apelación?
-Analizamos primero el basamento del Juzgado para decidir la cautelar y vimos que tuvo en cuenta un informe de la Unidad Fiscal de Investigación de la Policía Federal que tomó muestras de agua a principios, mediados y finales de 2019. Esta última muestra en el barrio Santa Julia -sin hacer referencia a que el agua no es potable- dice el informe que en las tomadas del pozo 48 se hallaron moléculas de algunos agroquímicos y con respecto a uno puntual que es el 2-4D se encontró un exceso de 0,006 microgramos por litro y 0,001 en el tanque de la zona sur.
Parte de la apelación del Municipio hace referencia a que la normativa de la Unión Europea (que es en la que se basó el juez) con relación a la presencia de 2-4D en agua potable, no es aplicable a la provincia de Buenos Aires, que tiene una normativa propia, que es la Ley Nº 11.820 y un anexo, donde está explicitado que el límite de 2-4D en agua potable es 300 veces superior a lo hallado en el tanque de Santa Julia en la zona sur. También la normativa de Estados Unidos sobre la presencia de 2-4D en agua potable es 700 veces superior al encontrado en esa muestra. Y debemos remarcar que para la Organización Mundial de la Salud el parámetro es el mismo que fija la Provincia de Buenos Aires. Razón por la cual, así como en un principio del proceso judicial el Municipio no tenía datos reales y por eso pidió informes técnicos y científicos para saber la verdad, empezamos a ver que todo esto no se trataba de una cuestión relacionada con el agua ni la salud de la población sino que estaba relacionado con circunstancias que podemos tratar de ideológicas o políticas.
Es inconcebible que el juez traiga a la resolución una normativa de la Unión Europea para un herbicida que ya no se usa allí, y lo extrapola legalmente a un país donde hasta hace poco se utilizó.
-Usted habla de persecución política pero en el caso de la restricción de aplicación de fitosanitarios la Cámara Federal avaló el fallo…
-La Cámara Federal de Rosario avaló la resolución de primera instancia de ampliar el límite de restricción para aplicación de fitosanitarios y actualmente ese asunto es parte de un recurso de Casación. Pero con relación al tema del agua, que es lo que nos atañe como Municipio, todavía no fue elevado a la Cámara de Apelaciones para que sea revisado.
Además el Municipio entiende que el tema del agua debe ser juzgado por la Justicia provincial y ese tema también está en Casación.
-¿Con qué argumentos plantean la incompetencia del Juzgado Federal en el tema del agua?
-Porque el caso refiere a agua corriente, y en este caso no existe ninguna duda que tanto la concesión de ese servicio cuando se terceriza o bien cuando lo brinda el propio Estado, en este caso municipal, la calidad del producto, la tarifa, la distribución, etcétera tiene absolutamente competencia en la Justicia provincial. Incluso la ley que determina qué es potable o no potable es provincial. Por eso, parte del recurso presentado el jueves se vincula a una incompetencia flagrante del juez federal que pasa por encima de la Justicia local, el Juzgado Contencioso Administrativo de Pergamino y la Cámara en lo Contencioso de San Nicolás, es decir de los jueces provinciales en relación a un servicio público brindado en la provincia. También saltea a los organismos administrativos que tienen competencia cuando el Municipio o la Provincia brinda un servicios públicos deficiente, tal como el Defensor del Pueblo, el propio Juzgado de Faltas e incluso el propio organismo de control que en este caso es el ADA (Autoridad del Agua).
-Si bien el juez se basa en parámetros de la Unión Europea, que no serían los pertinentes ¿no podría ser que estén desactualizadas las normas provinciales?
-Es probable que la Provincia de Buenos Aires necesite una actualización de los parámetros del agua, pero eso no puede obligar caprichosamente a un Municipio a cumplir una normativa de otro país, porque también el Juzgado pudo haber traído los parámetros de Estados Unidos y decir que en Pergamino el agua es 700 veces mejor que lo que se tolera en aquel país con respecto al herbicida 2-4D.
La sinrazón de la cautelar de Villafuerte Ruzo que amplía el tema del agua a Santa Julia también está dada en el tiempo que se tomó para dictarla. Porque si verdaderamente estuviera preocupado por la calidad del agua y la salud de la gente, no se hubiera tomado casi un año entre conocer el resultado de las muestras y dictar la cautelar. Porque las muestras las tuvo en diciembre de 2019 y recién la semana pasada dictó la medida.
-¿Qué expectativas tienen en que prospere el planteo de la Municipalidad?
- Tenemos una gran expectativa de que nuestro planteo será favorable, porque el juez se manifiesta con cierta arbitrariedad y entendemos que hay una persecución política en Pergamino. No me puedo explicar de otra manera cómo un juzgado que tiene competencia en todos los distritos del norte bonaerense solo se interesa por la calidad del agua y la salud de la población de Pergamino.
Al principio el Municipio entendió que se estaba frente a un juez justo y equilibrado, pero las evidencias marcaron luego que se estaba en presencia de otro tipo de magistrado, que forma parte de una persecución que confluye en otras cuestiones, como por ejemplo con lo que le pasó al Inta Pergamino, donde el sector técnico vio que tenía más de 600 hectáreas con ensayos y pidió que se le permita aplicar fitosanitarios para continuar con sus investigaciones que llevan décadas de desarrollo, pero el ala política del organismo, desde la más alta esfera nacional, le bajó el pulgar y de esa manera se pierden años de investigaciones. Este hecho muestra a las claras que todo este asunto de los agroquímicos no es una cuestión ni técnica ni sanitaria sino que es de tinte ideológico y político, con un castigo a la producción intensiva, con persecución al que tiene tierras porque alegan que se las quitó a otros y que producen con un interés individual sin tener en cuenta lo colectivo.
Detrás de todo esto hay un falso dilema entre una agricultura sustentable basada en una azada en mano como vimos en el caso de Etchevehere con Grabois, cuando se pretendió mostrar que con 12 surcos se podía alimentar a la gente. Por otro lado hay una contradicción del mismo Estado que al mismo tiempo a través del Banco Central pide divisas al campo a través de la liquidación de la soja.