Esperan avances para trabajar con la normativa para la compactación de vehículos

La iniciativa surge como una solución a la gran cantidad de vehículos secuestrados, principalmente motos, en dependencias municipales. Lo recolectado por la compactación de la chatarra será destinado a entidades que trabajen para el cuidado del medio ambiente.

Después de que el Concejo Deliberante aprobara el proyecto de ordenanza que impulsó la concejal de Cambiemos, Gisela Cerminara, para adherir al Programa Nacional de Descontaminación, Compactación, Disposición Final de Vehículos y Chatarra implementado por Ley Nº 26.348 del Ministerio de Seguridad de la Nación, ahora se espera que el Municipio trabaje con relación a este plan.

Esta iniciativa surgió rápidamente como una solución posible a la gran cantidad de vehículos que están secuestrados, principalmente motos, en dependencias municipales que muchas veces nadie retira ni acredita derechos sobre ellos; “la mayoría de estos rodados representan un peligro para el medioambiente y la salud, convirtiéndose en posibles focos de contaminación”, señaló oportunamente la concejal.

Es importante destacar que lo recolectado por la compactación de la chatarra será destinado a entidades que trabajen para el cuidado del medio ambiente. Sobre los puntos más destacados de la normativa, Cerminara explicó que “los automotores abandonados, perdidos, decomisados o secuestrados, en virtud de lo establecido en el artículo Nº 236 del Código Civil y Comercial de la Nación Argentina, deberán ser descontaminados y compactados en forma previa a su disposición en calidad de chatarra”, informó la edil en un tramo de la entrevista con LA OPINION. “También menciona que el depósito de esta clase de rodados implica la erogación de recursos económicos y humanos para el Municipio, en este caso con aportes de las fuerzas de seguridad más lo que implica el pago de alquileres, fumigaciones o vigilancias especiales”, agregó la integrante del bloque oficialista.

Ordenanza pergaminense

Asimismo, Gisela Cerminara sostiene que a los efectos de tomar una decisión a esta problemática habrá que tener en cuenta que, en relación a los vehículos de referencia, que los mismos contienen algunas sustancias que podrían resultar contaminantes tales como líquido de frenos, baterías, nafta y aceites; entre otros.

La legislación que el Municipio en todos sus términos deberá adherir se emparenta con este programa nacional, aunque también contempla que tendrá que autorizarse al Ejecutivo a firmar en los próximos días los convenios y/o realizar gestiones para la implementación de esta normativa que está desarrollándose en muchas otras ciudades con resultados óptimos.

Otros de los puntos aclarados en la ordenanza es que el Municipio tendrá que abocarse a la descontaminación, compactación y disposición final de vehículos o chatarras cuando se encuentran en dependencias comunales desde 2008 en adelante.

Publicación oficial

Por último, la legislación “deberá permitir publicar en los medios de comunicación y en el Boletín Oficial, intimando por el plazo de quince días, para que los titulares de los vehículos que se encuentren en dependencias municipales se presenten ante el Juez de Faltas de la Municipalidad, con documentación fehaciente que acredite derechos sobre los vehículos secuestrados, para poder retirarlos”, señaló la concejal.

Una vez cumplido el plazo dispuesto, el Ejecutivo quedará autorizado a incorporarlos al patrimonio municipal y someterlos al proceso correspondiente que indica este programa nacional; “hay que tener en cuenta la participación constante que llevan adelante desde la Dirección de Fiscalización de Desarmaderos y Autopartes que depende del Ministerio de Seguridad de la Nación”, resaltó la legisladora local.

Interés gubernamental

Desde el Ministerio de Seguridad Nacional y la Dirección Nacional de Investigaciones se armó una planificación de asistencia a las provincias y municipios cuyas playas de depósito de vehículos secuestrados se encuentran colapsadas. A esta altura, los autos y motocicletas bajo la custodia representan un problema complejo que según pasan los años va creciendo en función del número de rodados y de la escasez de espacio para su guarda. “Sabemos que podría llegar a funcionar perfectamente para las motos que están en los predios de la Municipalidad, hay que trabajar puntualmente en este tema para que realmente podamos abordar la problemática desde todos los ángulos dado que una cosa son los secuestros judicializados y otra los que corresponden a operativos que realiza el área de Inspección General”, advirtió Gisela Cerminara en el cierre de la nota.