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LA OPINION accedió al expediente del Concejo en el que consta la información remitida por la Dirección de Fiscalización Sanitaria en respuesta a un pedido de informes. También hizo un repaso de la ley para conocer qué se les exige y qué se debe observar.
El domingo pasado, en una entrevista concedida a LA OPINION, el concejal Cristian Settembrini confirmaba que la Dirección de Fiscalización Sanitaria del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires respondió a un pedido de informes requerido por el Concejo Deliberante en el que refiere que en el Partido de Pergamino existen cinco geriátricos con habilitación ya otorgada para funcionar en el marco de la ley que rige el funcionamiento de este tipo de establecimientos en el ámbito bonaerense.
La información, que también señala el estado de otros espacios cuyo expediente está en trámite y sujeto de a la realización de adecuaciones para ajustarse a la normativa, generó interés y múltiples consultas por parte de lectores en relación a conocer la situación puntual de cada uno de los que figuran en ese documento. Para poner luz sobre este tema, esta semana LA OPINION tuvo acceso al expediente en el que consta la respuesta emitida por el órgano provincial. En ese escrito de carácter oficial, fechado el 11 de octubre, se consigna la nómina de establecimientos ya habilitados y se aporta un pormenorizado detalle de aquellos que habiendo iniciado su trámite de habilitación se encuentran en una instancia de adecuación para ajustarse a los términos de la ley provincial N° 14.263. Cabe aclarar que esto no significa que funcionen en la clandestinidad o que deban ser desalojados, sino que deben readecuar algunos aspectos de su infraestructura o cuestiones de servicio en un plazo perentorio para cumplir con los requisitos que impone la ley.
El documento del área de Fiscalización Sanitaria lleva la firma de una funcionaria del Departamento de Establecimientos de Salud e incluye la nómina de establecimientos habilitados y aquellos con pedido de habilitación con un detalle del estado de situación de cada uno al 8 de agosto, fecha consignada como correspondiente a la última inspección realizada.
De acuerdo a lo expresado allí, y con la salvedad de que desde el 8 de agosto a la fecha alguna condición puede haberse visto modificada por el curso que siguen los trámites administrativos y la dinámica que tienen estos procesos, en el Partido de Pergamino se encuentran habilitados los siguientes geriátricos: Hogar Geriátrico de Cegre SRL, Instituto Geriátrico Norte, Geriátrico Hogar de Jesús, Hogar Geriátrico San Patricio y La Casa de Norma (en su inmueble de avenida Ameghino).
En tanto se consigna que han iniciado el trámite de habilitación provincial: La Casa de los Nonos, Geriátrico Santa Rita 2, Geriátrico Hogar San Vicente de Paul, Geriátrico San Pablo, Geriátrico María Crescencia, Geriátrico San Gabriel, Geriátrico Celeste; y Geriátrico Santa Julia- sobre éste último el informe refiere que “se pidió la intervención de la Asesoría General de Gobierno, Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud y Dirección de Tercera Edad del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires” en el marco de una causa administrativa iniciada-.
En la nómina de los establecimientos que han iniciado el pedido de habilitación provincial también aparecen dos hogares sustitutos (una figura contemplada como Categoria C de alojamiento; ver “Lo que dice la ley”) sin denominación de nombre, ubicados en Florida al 2700 y Costa Rica al 2200; se señala que a ambos “se han enviado notas pidiendo que regularicen su situación” y se aclara de manera expresa que “no están habilitados”.
También se hace mención a establecimientos que cuentan con clausura provisoria y otros con clausura definitiva por incumplimiento a lo sugerido en reiteradas inspecciones. En relación a ellos, fuentes consultadas por LA OPINION refieren que desde agosto a la fecha por lo menos uno de ellos que funcionaba en avenida Colón cerró sus puertas con la consiguiente reubicación de los abuelos.
El informe remitido al Concejo Deliberante describe algunas adecuaciones requeridas a los geriátricos que están en vías de habilitación y refiere que en algunos casos se ha multado a sus responsables por incumplimiento a las normas y sugerencias requeridas para su adecuación.
Más controles y algunas quejas
Fuentes consultadas por LA OPINION coinciden en señalar que a partir de controles más rigurosos que se efectúan desde la Provincia de Buenos Aires no puede hablarse de “clandestinidad” sino más bien de espacios que aunque no cuentan aún con la habilitación definitiva van haciendo sus adecuaciones para ajustarse a los términos que impone la ley. Lo cierto es que algunos tienen más inconvenientes que otros y que a decir de los propios usuarios, algunas irregularidades preocupan. También refieren que de un tiempo a esta parte se ha incrementado el valor de las multas que se imponen por retrasos en la realización de las adecuaciones requeridas en las inspecciones y que esto ha desalentado a muchos de continuar con la actividad y han decidido cerrar sus puertas.
En la misma línea admiten que, en virtud de las dificultades que genera el tener que reubicar a los abuelos, en la medida que los incumplimientos no afecten su integridad ni pongan en riesgo su salud, se hacen más flexibles los plazos para que los propietarios puedan concretar ciertas adecuaciones. Así, dentro de los plazos que les conceda la Dirección de Fiscalización, pueden seguir funcionado, a la espera de reunir las condiciones para que se les otorgue la habilitación. Es decir que si bien en Pergamino solo cinco establecimientos cuentan con la documentación habilitante, esto no quiere decir que son los únicos autorizados a funcionar; el resto que la ha solicitado puede hacerlo bajo la mirada de la dependencia que controla que se vaya cumpliendo con las instancias impuestas. A los que así no lo hicieren, les llega la orden de clausura y desalojo.
A estas voces se contrapone el reclamo que por lo bajo- temiendo represalias que puedan sufrir los abuelos- hacen los usuarios que se quejan por situaciones que se dan puertas adentro de algunos establecimientos y que no se condicen con lo que señala la normativa vigente en términos de infraestructura y servicios. En este contexto es dispar la opinión y hay quienes afirman incluso que hay lugares dedicados a la atención de adultos mayores que funcionan sin haber iniciado siquiera su trámite de habilitación ante la Provincia.
Realidades desiguales
De acuerdo con información relevada por LA OPINION para la producción de este informe, existen en Pergamino alrededor de 30 establecimientos funcionando. Si se contrasta esta cifra con los cinco habilitados y los 10 en trámite ante el Ministerio de Salud de la Provincia que se mencionan en el informe que se remitió al Concejo Deliberante, queda en evidencia el alto grado de clandestinidad que hay en la actividad.
Los costos de alojamiento varían sensiblemente y así, mientras algunos cobran honorarios mensuales cercanos a los 30 mil pesos; otros se manejan con valores que oscilan entre los siete y 15 mil pesos. Esta amplitud de costos se relaciona no solo con las condiciones de hospedaje y servicios sino también con los costos que se omiten en la clandestinidad.
Hay quienes afirman que en casas particulares donde se cuidan abuelos, se les pide el valor de la jubilación que perciben por alojarlos y brindarles los cuidados mínimos.
Pareciera no haber una norma que regule esta cuestión por cuanto se trata de establecimientos generalmente de gestión privada que se rigen con parámetros propios de empresas. Por esta razón, la variable económica termina por condicionar el acceso de todos a las mismas condiciones de cuidado. Y más de lo que se presupone, muchas veces son las propias familias las que se oponen a la realización de controles estrictos porque saben que las adecuaciones que se deban realizar derivarán en un aumento de cuota o incluso en cierres masivos, encontrándose luego con el problema de no poseer recursos suficientes para reubicar a los abuelos en lugares acordes a sus posibilidades económicas. Tampoco hay demasiadas camas disponibles y es frecuente que algunas familias deban recurrir a geriátricos habilitados de la región para alojarlos.
