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Jorge Ruesga: “Ningún tarifazo cumple con el requisito de razonabilidad”


 Jorge Ruesga de la Defensoría del Pueblo dialogó con LA OPINION (EL ECO DE TANDIL)

'' Jorge Ruesga de la Defensoría del Pueblo dialogó con LA OPINION. (EL ECO DE TANDIL)

El secretario de Servicios Públicos, Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo bonaerense dialogó con LA OPINION sobre las subas en las tarifas de los servicios públicos. Afirmó que la Defensoría se opone a los incrementos aplicados por considerar que debieron haber sido progresivos.


Los ingentes aumentos de las facturas de servicios, llamados por todos tarifazos, han provocado en igual grado malestar y preocupación entre los usuarios. A los incrementos experimentados en la boleta de luz sobre un consumo siempre mayor en verano, se suma este mes los aplicados al servicio del gas, que en puertas de inicio de la temporada más fría del año, provocará una pérdida mayor del poder adquisitivo de los trabajadores sujetos a un salario.

Si bien son varias las manifestaciones que se llevan a cabo en contra de la política de los tarifazos que implementa el Gobierno nacional, incluso cumplido el requisito de las audiencias públicas de consulta sobre los cuadros tarifarios, y aun considerando los reclamos formales presentados desde diferentes organismos, la decisión de la autoridades se mantiene inamovible.

La Defensoría

Uno de los organismos autárquicos que ha generado reclamos, incluso en la Justicia, es la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.

Con el objetivo de analizar la posición de la Defensoría respecto de los tarifazos, y cómo el organismo actúa atendiendo la demanda de los usuarios quejosos, LA OPINION dialogó con Jorge Ruesga, secretario de Servicios Públicos, Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.

“La posición de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires ha sido clara respecto a los tarifazos. Hemos participado en todas las audiencias públicas que se realizaron por el aumento del agua, de la luz y del gas y hemos sido muy críticos de la política tarifaria del Gobierno nacional”, aclaró Ruesga y afirmó que “ningún tarifazo cumple con los requisitos mínimos de razonabilidad ni progresividad y el ejemplo claro de ello es que los aumentos, en estos dos últimos años, han superado el 1.000 por ciento mientras que los aumentos salariales bajo ningún punto de vista cumplieron esas metas”.

Expediente en la Justicia

Recordando que a partir de abril regirá una suba del gas del 40 por ciento, el referente de la Defensoría afirmó que esto sucede “mientras que el Gobierno nacional pretende que las paritarias de cualquier actividad cierren en el 15 por ciento, lo que genera un desfasaje lógico y ante es una medida carente de razonabilidad”.

En este marco es que el doctor Lorenzino, titular de la Defensoría, ha sido muy crítico de la política tarifaria que se implementa.

En el tema puntual del gas, explicó Ruesga: “Hemos recurrido a la Justicia, participando de un expediente en la Justicia Federal de Junín y a la fecha, lamentablemente, todavía no hubo ningún fallo que resuelva la cuestión. Seguiremos luchando en esta causa colectiva que está presentada en Junín para que, de una vez por todas, la Justicia se ponga a la altura de las circunstancias porque ha pasado mucho tiempo”.

Sin tarifa social

En cuanto a la tarifa social del gas, el entrevistado aseguró que con los últimos cambios introducidos por el Gobierno nacional lo que se “ha hecho es hacer desaparecer en la práctica la tarifa social porque lo que hoy es considerado como tarifa social son consumos muy mínimos de metros cúbicos que se pueden alcanzar con mantener encendido dos pilotos las 24 horas del día durante 30 días del mes. El que exceda ese consumo pautado por el Gobierno nacional será excluido de la tarifa social y pasará a formar parte de la tarifa plena. Lo que era una herramienta importante, como la tarifa social para aquellos grupos familiares que tuvieran una sola propiedad, un auto hasta el año 2010 de antigüedad y cuyos haberes no superaban los dos salarios mínimos vitales y móviles, hoy no existe y en muchos casos las tarifas de este invierno serán impagables”.

 

Convocatoria para el martes

A través de las redes sociales, se está convocando a los pergaminenses a participar de una movilización, la segunda que se realiza en el año, en contra de los ajustes tarifarios en el servicio eléctrico. El punto de encuentro de la convocatoria será en la Plaza Merced, el próximo martes, a las 19:00. Vale aclarar que ese mismo día y a esa misma hora tendrá lugar en el Concejo Deliberante la primera sesión ordinaria del año en la que los ediles de las diferentes bancadas deberán analizar un extenso orden del día.

 

No el fondo sino la forma

La Defensoría no plantea improcedencia en cuando a la necesidad de ajustar tarifas en estos porcentajes en razón de que las mismas estuvieron congeladas por 12 años. Lo que sí cuestiona es el modo de que las prestadoras se adecúen a los costos reales que les fueron negados en todo ese tiempo. Por eso ha instado en todo momento al Gobierno a efectuar un aumento progresivo de las tarifas, pero sin resultados positivos. “Lo que no se alcanza a comprender es por qué no fue progresivo el aumento ya que es el que Gobierno nacional el encargado de fijar los cuadros tarifarios de los servicios públicos. Desde la Defensoría se planteó múltiples veces que el incremento fuera progresivo y razonable pero lamentablemente el Gobierno optó por otro camino que nosotros consideramos equivocado”. A esto se suma que “el valor del metro cúbico de gas ha sido dolarizado, cualquier variación del dólar tiene un impacto negativo sobre el bolsillo de los trabajadores”.

En audiencias

La Defensoría ha participado en varias oportunidades en audiencias públicas en las que los referentes de las empresas de servicios brindan explicaciones sobre los aumentos programados. De acuerdo con lo expuesto por Ruesga, “uno de los principales argumentos de las empresas para incrementar las tarifas es la necesidad de inversiones. Hay una falta de control de parte del Gobierno nacional verificando si esas inversiones se realizan. Además pareciera que la única manera de conseguir los recursos para efectuar las inversiones es a través de la tarifa cuando en realidad deberían conseguirlo a través del sistema financiero por ejemplo”.

Hoy los ciudadanos son los que están solventando el 100 por ciento de las inversiones que dicen que se van a hacer y esto es lo que cuestiona el organismo. “Desde la Defensoría queremos saber puntualmente cuáles son esas inversiones porque no nos informan sobre las mismas y queremos que realmente se concreten. Estos son los argumentos que escuchamos cada vez que asistimos a las audiencias públicas. A estos se suman aquellos que indican que las tarifas estaban retrasadas”, dijo Ruesga y se preguntó: “¿Por qué no hablan de los subsidios que recibieron durante tanto tiempo? ¿Qué hicieron con ese dinero? Creemos que el Estado nacional tiene la potestad de fijar los lineamientos políticos en todas las áreas y fundamentalmente creemos que los incrementos tarifarios deben hacerse con progresividad y razonabilidad que son dos palabras que entendemos que nos están vigentes”.

Acompañar al vecino

La Defensoría es un organismo autárquico que brega por el cumplimiento de los derechos de los ciudadanos. Cuando uno de ellos se vulnera la Defensoría tiende a estar presentes resolviendo los problemas que ello genera. En este marco y considerando que “los tarifazos están impactando negativamente en los bolsillos de los bonaerenses”, es que Ruesga instó a los bonaerenses a acercarse a las delegaciones de la Defensoría para evacuar sus dudas.


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