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Pergamino

La objeción de conciencia institucional: un tema que se impuso en el debate sobre el aborto

Las inquietudes de las instituciones privadas de salud se sumaron al debate por la legalización del aborto. (WWW.T13.CL) Las inquietudes de las instituciones privadas de salud se sumaron al debate por la legalización del aborto. (WWW.T13.CL)

Clínicas y establecimientos de salud de distintos puntos del país pidieron al Senado que se incluya este concepto no contemplado en el proyecto de ley. LA OPINION relevó cómo está abordándose esta cuestión en los sanatorios locales. También consultó a profesionales médicos y del derecho, porque el tema abre nuevas aristas en la discusión de un tema que hoy ocupa la agenda pública.


El debate en torno al proyecto de despenalización del aborto ha abierto múltiples variables de análisis. Entre quienes están a favor y en contra de la legalización de esta práctica se dirimen cuestiones que, más allá de la herramienta normativa o de los aspectos médicos, encierran dilemas que tienen que ver con posicionamientos éticos, personales e institucionales diversos. Por estos días todas las miradas están puestas en la Cámara de Senadores, donde se centra el abordaje para determinar si se le dará sanción definitiva o se impondrán modificaciones al proyecto que ya obtuvo media sanción en Diputados.
En este contexto, en los últimos días varias clínicas privadas del país publicaron una solicitada en la que exigen al Senado la incorporación de un cambio vinculado a la objeción de conciencia institucional, un punto que no está contemplado en el proyecto original y que entienden necesario para que los establecimientos privados no se vean compulsivamente obligados a realizar una práctica contraria a sus principios y misión institucional.
En la solicitada publicada piden al Senado que “de avanzar el proyecto de despenalización del aborto” se incorpore de manera explícita que los profesionales de la salud y de las instituciones sanitarias privadas tengan plena libertad y derecho para “abstenerse de practicar interrupciones voluntarias del embarazo cuando dicha práctica sea contraria a sus principios, valores o ideario y que esta opción sea sin condicionantes ni limitaciones, tanto para los trabajadores como para la institución”.
Entienden que no es posible que los trabajadores privados de la salud, las instituciones y los directivos se vean exigidos a realizar una práctica bajo la amenaza de quedar expuestos a la imputación de un delito penal o de recibir sanciones administrativas. Fundamentan su preocupación en el hecho de que uno de los artículos de la ley que debate el Senado admite la objeción de conciencia solo a título individual con inscripción previa en un registro. Y también en el hecho de que se menciona un artículo del Código Penal que permitiría castigar con prisión o inhabilitación a quien obstruya la realización de un aborto.
Una promesa del ministro
Al exponer en el Senado sobre la ley del aborto, el ministro de Salud Adolfo Rubinstein planteó algunos compromisos que asumiría la cartera sanitaria nacional en caso de avanzar la aprobación de la norma: por un lado financiar el misoprostol- la medicación que se utiliza habitualmente para la interrupción del embarazo- en los programas de salud sexual y la objeción de conciencia institucional que se incorporaría en la reglamentación de la ley. Este último punto abrió un marco de expectativa en los responsables de los establecimientos sanitarios.


El tema en el plano local
LA OPINION abrió una consulta con referentes de establecimientos privados de salud de la ciudad para relevar opiniones y posicionamientos institucionales en torno a este tema. En líneas generales los directorios de los establecimientos se mostraron prudentes al momento de señalar una posición por cuanto están siguiendo de cerca los debates y el curso que tome el tratamiento de la ley. En algunos establecimientos se han iniciado conversaciones con los profesionales para dialogar sobre este tema. En todos se observa con expectativa si finalmente, de aprobarse la norma, se incluye en la reglamentación la objeción de conciencia institucional. Cada uno es respetuoso del derecho a la objeción de conciencia individual de los profesionales, pero a nivel institucional no hay posturas que aparezcan cerradas ni que se hagan explícitas.
A título personal, el doctor Esteban Ramella, director médico de la Clínica Pergamino, reflexionó sobre el debate sobre la legalización del aborto y al mismo tiempo confirmó a LA OPINION que institucionalmente y de modo informal a nivel interno se ha iniciado el diálogo porque, “independientemente de lo que cada uno piense, la objeción de conciencia institucional para algunos sectores es muy importante”.
“En la Clínica Pergamino somos más de 90 socios con 90 pensamientos distintos y lo que estamos esperando, antes de tomar una posición institucional para informar a los pacientes y a la sociedad, es lo que dice la ley porque no sabemos si se va a aprobar o se va a modificar y no conocemos sus alcances”, agregó el profesional y agregó: “Lo que creemos que está claro es que la objeción de conciencia institucional tiene que existir porque hay instituciones que no se dedican a atender embarazadas y nadie puede obligarlos a atender a una paciente que desee finalizar su embarazo”.
El doctor Antonio Aguilar, director médico de la Clínica General Paz, por su parte, en diálogo telefónico con LA OPINION refirió que “al menos que de aprobarse la ley esto se imponga como un requisito, desde la Clínica no se va a imponer ninguna posición institucional y se va a respetar lo que determinen los profesionales que atienden en el establecimiento”.
“No hemos establecido un criterio como institución, aunque sí estamos atentos a las consideraciones de nuestros ginecólogos y obstetras y siguiendo de cerca el debate que se está dando en el país en torno a la discusión sobre la legalización del aborto”, agregó, diferenciando la situación de las clínicas privadas con lo que sucede en los efectores públicos y compartiendo los mismos interrogantes que el resto de los prestadores en relación a inquietudes vinculadas a las formas de implementación y financiamiento en caso de sancionarse la norma.
Aunque LA OPINION no pudo tomar contacto con directivos de la Clínica Centro, fuentes consultadas de ese establecimiento sanitario refirieron conceptos similares en relación a la cautela con la que se está siguiendo este tema y consideraron prematuro marcar una posición previa a la aprobación definitiva del proyecto que se discute.
A la par del diálogo con directivos y profesionales de las clínicas locales, para la producción de este informe también se tomó contacto con referentes de la Federación de Clínicas, Sanatorios, Hospitales y Otros Establecimientos de la Provincia de Buenos Aires (Fecliba). Desde la entidad señalaron que el tema aún no ha sido abordado institucionalmente, por lo que no hay una posición tomada por el conjunto de la entidad hasta el momento.

Avances en lo público
Hace unos años la implementación del protocolo de aborto no punible que posibilita la interrupción voluntaria del embarazo en casos puntuales, motivó que el sistema público de salud experimentara algunos avances en relación a este tema, por cuanto los servicios hospitalarios se vieron obligados a cumplir con la aplicación de la norma. En este aspecto, y a pesar de que el sistema público de salud ha avanzado mucho más que el privado en esta materia, se sigue de cerca la instancia del debate y los efectores observan con atención cómo se instrumentará la ley en caso de aprobarse, cómo se dotará de recursos al sistema y cómo se estructurarán las prestaciones.
A nivel del Hospital Interzonal General de Agudos San José se han concretado jornadas de información y debate, con la participación de profesionales de los distintos servicios y unidades de residencia y se sigue de cerca cómo se organizaría la cuestión asistencial de aprobarse la norma que amplía el marco de las prácticas que hoy solo se realizan cuando se encuadran en el protocolo del aborto no punible.

El ser objetores
Vale recordar que la objeción de conciencia es el derecho a negarse a realizar acciones contrarias a las creencias personales y religiosas. La figura empezó a ser reconocida en quienes se negaban a participar en el servicio militar o en guerras hace más de tres siglos. Desde la década del 70 se aprobaron en el mundo normas que reconocen el este derecho a los profesionales médicos que no quieren realizar abortos legales y otras prácticas relacionadas con la salud sexual y reproductiva.
En la guía sobre abortos sin riesgos publicada por la Organización Mundial de la Salud se menciona que “cada profesional tiene derecho a negarse por razones de conciencia a realizar abortos, pero ese derecho no lo faculta para impedir o negar el acceso a servicios de aborto legal, porque demorar el cuidado de las mujeres y pone su salud y su vida en riesgo”.

Horas decisivas
Más allá de posicionamientos personales o institucionales, el sistema sanitario en su conjunto está atravesado por el debate sobre el aborto. Y tanto referentes de efectores públicos como privados de salud observan con cierta preocupación cómo se dará la implementación en caso de aprobarse la ley. Coinciden en que la gran tarea estará en manos de los decisores de política sanitaria que deberán nutrir a la norma de instrumentos y recursos para garantizar el derecho de todos a resolver las situaciones que se presenten en el marco de la ley sin vulnerar derechos.

El doctor Esteban Ramella. (LA OPINION)

Esteban Ramella: “Estamos en una transición entre lo que sucede y lo ideal”
Consultado por LA OPINION, y con consideraciones que brindó a título personal, el doctor Esteban Ramella, director médico de la Clínica Pergamino y ginecólogo con muchos años de ejercicio profesional, reflexionó sobre diversas cuestiones que se plantean en la discusión sobre la legalización del aborto, entre ellas la objeción de conciencia. “Personalmente pienso que si una mujer decide finalizar su embarazo, tiene que tener un médico que le recete la medicación y hoy no ocurre; se la procura en un circuito informal y esto es malísimo tanto para ella como para el sistema de salud porque se la administra alguien que no tiene el título de médico y sin ningún cuidado. En ese sentido está muy bien que se reglamente la práctica”.
“Si se sanciona la ley y los médicos de una institución deciden atender a las pacientes a las que ellos les administraron la medicación para la interrupción voluntaria del embarazo, es algo que se debe discutir”, señaló y fue cauto al referir que “en materia de objeción de conciencia institucional hay que aguardar lo que suceda con el tratamiento legislativo para tomar una posición”.
Volviendo sobre la reflexión, planteó que “estos temas complejos siempre estigmatizan y habrá gente que esté de un lado o del otro”, pero sostuvo que “lo que tiene que quedar claro es que acá no se discute si se está a favor o en contra del aborto. Aquí si se dirimen otras cuestiones de salud pública”.
En este punto, opinó que el país está en un período de transición entre lo que sucede en el presente y el estado ideal. “Hoy la gente no tiene educación sexual, las chicas no acceden a los métodos anticonceptivos, inician su actividad sexual a muy temprana edad, lo que las somete a la posibilidad de quedar embarazadas sin desearlo”, refirió. Y abundó: “El estado ideal sería que todos estuviéramos perfectamente educados, accediéramos a los anticonceptivos, los utilizáramos responsablemente y nadie quedara embarazada sin desearlo. Pero esto no ocurre”.
“Lamentablemente entre el presente y lo ideal van a pasar muchos años, y en ese tiempo va a sufrir mucha gente vulnerable, es decir las adolescentes sin instrucción y las mujeres que están obligadas a ser madres, porque si ingresan en un circuito ilegal para interrumpir la gestación tienen altas chances de que les vaya mal”, abundó.
En esta línea remarcó: “Quienes hacemos ginecología y obstetricia desde hace años vimos morir a muchas chicas por haberse practicado un aborto ilegal. Tal vez, esto no se da hoy en la práctica privada en Pergamino, pero en otros lugares ocurre mucho”.
“Esta transición que se está dando debe ir acompañada de políticas. Hoy preocupa que las chicas no tengan relaciones, pero si las tienen y quedan embarazadas, el sistema las expulsa de todos lados. Es un tema muy complejo, y muchas veces se habla sin saber. Acá se trata de instrumentar políticas públicas que solucionen un problema que ocurre y afecta a mucha gente”, insistió.
Reiterando el carácter personal de su pensamiento, consideró que el debate sobre la legalización del aborto era “una asignatura pendiente”.
Por último, señaló que de sancionarse la ley, seguramente habrá decisión política de implementarla y dotarla de recursos porque “le va a salir más barato al Estado reglamentar la legalización del aborto, proveer la medicación para finalizar un embarazo, que tratar todas las complicaciones que se producen y los años de vida perdidos por esas mujeres que se mueren tempranamente por un aborto ilegal en condiciones adversas”.

El abogado Juan Manuel Dédola. (LA OPINION)

Una mirada desde lo jurídico
Para indagar en las cuestiones jurídicas que subyacen al debate sobre el concepto de objeción de conciencia institucional, LA OPINION consultó al abogado Juan Manuel Dédola, profesional que trabaja en cuestiones vinculadas al derecho a la salud. En primer lugar consideró que las controversias generadas por la objeción de conciencia son parte misma del debate por cuanto “en el proyecto hay un gran silencio respecto de la opinión del padre, lo que representa una falencia grave, y desde otro punto de vista, en menor cuantía, de la institución que lo realizará”.
“Los hospitales públicos, al salir una ley de salud pública, deben cumplirla sin objeción u obstáculo. Por eso la ley plantea la objeción de conciencia a nivel individual, siendo una opción personal del profesional médico, con el agregado que esta objeción seguirá en el ámbito público y privado de su profesión”, planteó. Y prosiguió: “Ahora bien, en el ámbito privado el médico utiliza quirófanos, instrumentos, medicamentos, auxiliares y diversas opciones dentro del marco de un sujeto de derecho privado, que tiene la posibilidad de elegir quienes ingresan o no a su institución, por tal motivo, si el médico acepta realizar el aborto se va a encontrar con la posibilidad que esa clínica- tenga o no comité de ética formado- le diga que no”.
Respecto de esta negativa, consideró que más allá de las limitaciones de complejidad que puede tener un establecimiento, “viene dada por razones morales de los propietarios, el directorio o los socios” y señaló que “en cualquier caso debería realizarse una asamblea extraordinaria para luego ser asentada la decisión en un registro público que debiera existir previamente”.
-De incluirse la objeción de conciencia institucional ¿se vulnera el derecho de la persona que desea abortar?

-La objeción institucional deshumaniza el acto médico de aceptar o no la voluntad del paciente para el ejercicio de la medicina sobre su cuerpo. El paciente está en su derecho de decir sí o no, como lo está el médico. Generar que el nosocomio preste anticipadamente su decisión criminaliza el acto interruptivo, desnaturalizándolo, pues hoy en día se hacen por cuestiones terapéuticas y si existiera el aborto legal generaría una discriminación aun más grave, pues sonaría a limitaciones sociales más que médicas.
En definitiva, la decisión institucional parecería un recurso que trasciende a la persona y pone en cabeza de una institución una decisión que hoy el proyecto de ley no le otorga. Podría agregarse la objeción institucional, sí, pero se puede lograr el objetivo teniendo la plantilla de médicos que piensen igual que la clínica.
Creo que incluir la objeción institucional no vulneraria el derecho de la paciente a decidir sobre la interrupción del embarazo. Lo que sí cerraría muchísimo es el círculo de instituciones que lo harían, quedando finalmente la obligación de practicarlos en los hospitales públicos.
-¿Esta situación representaría una sobrecarga para el sistema público de salud?
-El sistema de salud pública no se recargaría, porque la estadística no es tan grande, más bien habría una compensación con los gastos que insumen los que hoy son abortos fallidos. Por tanto, al existir recursos concretos y de buena praxis médica, es más fácil contener la población y más barato, puesto que los gastos médicos que insume el tratamiento de un aborto fallido, son enormes. La educación sexual y una buena política de salud reproductiva deberían ser los ejes sobre los cuales hacer hincapié para evitar desnaturalizar esta herramienta de salud pública.
-En virtud del amplio debate generado, ¿cuáles son las cuestiones sobre las que habría que seguir profundizando para avanzar en el tratamiento de este tema?
-En mi opinión, si no se deja en claro para toda la sociedad desde cuándo hay vida propia dentro del útero materno, jamás podremos avanzar en la discusión. Ese es el quid de la cuestión. Si se considera que es desde la concepción, no hay que eludir otros debates en torno a la manipulación genética de embriones fecundados, los bancos de embriones para su uso en técnicas de reproducción asistida y el descarte de los mismos cuando no se utilizan. Es un tema muy complejo.
Creo que la ley tiene muchas falencias, y finalmente terminará siendo declarada inconstitucional porque viola pactos con jerarquía constitucional que están por encima de ella. Independientemente de esto, no le resto valor a los debates y posiciones de la sociedad. Los nuevos derechos siempre van a traer reclamos y crisis porque se construyen sobre supuestos derechos existentes, restándole ámbitos de aplicación. Aquí veremos qué pesa más, si el derecho de la mujer sobre su propio cuerpo o el derecho del niño por nacer.