El Defensor del Pueblo bonaerense cuestionó a la administración de Mauricio Macri por habilitar que los usuarios abonen un extra, desde enero del próximo año, para compensar a las prestadoras de gas por la suba del dólar.
El Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, cuestionó la decisión del Gobierno nacional de habilitar a las empresas prestadoras de gas para que cobren a los usuarios un diferencial para compensar las pérdidas que tuvieron por el aumento del dólar en los últimos meses.
“El gobierno de Mauricio Macri quiere que su impericia y la crisis que generaron las pague la gente. Esta decisión de favorecer y permitir a las empresas que trasladen el costo de la devaluación a los usuarios confirma que solo trabajan para las concesionarias de servicios públicos y nunca para los ciudadanos”, expresó Lorenzino.
Pagar un extra
La postura del Defensor del Pueblo tiene que ver con la medida de la Nación que habilita a las prestatarias a cobrarles a los usuarios, a partir de enero de 2019, un extra en 24 cuotas mensuales para cubrir la deudas que generaron con las petroleras por el salto que pegó el dólar entre abril y septiembre, lo que encarecerá aún más el servicio que acaba de subir un 35 por ciento.
En ese sentido, Lorenzino confirmó que “impugnaremos esta decisión ante el Enargas y los organismos que correspondan, pero lamentablemente este Gobierno lo único que hace es profundizar la crisis en el bolsillo de la gente, especialmente en los sectores más vulnerables”.
Nada claro
Además, el Defensor del Pueblo puntualizó que “sin certezas sobre el tipo de cambio no es fácil calcular la deuda total que se traspasará a la gente, porque además se le añadirán intereses que las distribuidoras deben a las petroleras, tal como está previsto en las normas de las licencias que no se modificaron. Tampoco queda claro si cuando se produzca un nuevo aumento en abril, la deuda se engrosará con la diferencia entre el tipo de cambio que se negocia ahora y el que efectivamente se registre”.
Cortes
En otro orden de cuestiones, el ombudsman de la provincia se mostró preocupado por la realidad que les toca vivir a muchos usuarios y ONG’s a los cuales les cortaron el gas por falta de pago, lo que está prohibido por la Justicia.
“Pareciera que las empresas no se conforman con los constantes e irracionales aumentos que aplican casi todos los meses, sino que ni siquiera respetan los fallos que les prohíben dejar sin servicio a quienes no les alcanza para pagar la boleta”, expresó Lorenzino.
En ese sentido, el Defensor del Pueblo indicó que el organismo ya intervino ante casos de este tipo.