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Tras una notificación judicial por usurpación de espacio público y una infructuosa reunión con autoridades, decidieron llevar la protesta también a las rutas. Reclaman acceso al hábitat para varias familias.
Los manifestantes que desde hace un mes y medio mantienen un acampe en la Plaza Merced reclamando viviendas, decidieron movilizarse hasta el Segundo Cruce para visibilizar el reclamo también en las rutas que atraviesan la ciudad.
El punto de inflexión para que se potenciara la protesta fue la presencia de un funcionario judicial el miércoles en la Plaza que fue a notificar a los manifestantes que estaban incurriendo en una usurpación del espacio público.
Por eso a media mañana de este jueves se estableció un piquete en el Segundo Cruce, con corte de ruta de manera parcial.
Las organizaciones que llevan adelante esta protesta emitieron un comunicado en el que expresan su posición con relación a este asunto.
“Después de 44 días de acampe y el llamado a participar de un Zoom (con funcionarios municipales) la ‘sarasa’ se multiplica. En horas de la mañana del miércoles 7, se presentó un oficial de justicia en Plaza Merced para notificar una presunta usurpación por el acampe, medida adoptada supuestamente por el fiscal Nelson Mastorcchio. Nos llama poderosamente la atención porque el delito de usurpación se configura por la violencia, amenaza, engaño o abuso de confianza que realiza el usurpante, quien procede a despojar a otro total o particialmente de la posesión o tenencia de un inmueble o del ejercicio de un derecho. Este supuesto no se cumple en absoluto, ya que el derecho a peticionar a las autoridades y el derecho a litigar como parte da lugar al derecho a la tutela judicial efectiva, que está contemplada en el artículo 14 de nuestra Constitución Nacional. Por lo tanto esta notificación solo se puede entender como un amedrentamiento más debido a la nula capacidad de negociación demostrada por el delegado del Ejecutivo municipal, Lucas Marino Aguirre, quien instruye a una funcionaria de cuarta categoría a tratar de quebrar el ánimo de los acampantes mediante el mal trato, cambiando una y otra la postura para no concretar lo acordado el 17 de septiembre en la única reunión con intendente Javier Martínez”, señala el texto.
“La tarea asignada –continúa- era resolver el listado de una veintena de casos de personas en situación de calle, donde hay madres solas, víctima de violencia de género con niños y discapacitados. Lo cierto y real es que todavía ninguno de los damnificados ha logrado, ni le han gestado una vivienda digna donde morar. La funcionaria de categoría cuarta (trabajadora social) Mariana Delgado exige como condición que abandonen el acampe y que pierdan toda esperanza de contar, un tiempo razonable, con un lote de tierra donde afincarse. Para rematarla pusieron en escena una parodia de Mesa de Gestión, donde reciclaron a los participantes del extinto Comité de Crisis, donde cualquier desprevenido no sabría distinguir si son funcionarios públicos o representantes de organizaciones que reclaman el acceso al justo hábitat. Participamos solo escuchando, ya que ni siquiera se presentó un borrador del proyecto a llevar adelante, pura ‘sarasa’, porque a pesar de los pesares aún le damos crédito al dialogo, esperando reciprocidad. Advertimos que somos razonables pero no amanuenses del poder político”.
