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Para la Defensoría del Pueblo “las tarifas de gas y luz son confiscatorias”

Walter Martello disertando en el encuentro de “Gobierno y Servicios Públicos”. (DEFENSORIA DEL PUEBLO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES) Walter Martello disertando en el encuentro de “Gobierno y Servicios Públicos”. (DEFENSORIA DEL PUEBLO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES)

Lo afirmó el Defensor del Pueblo Adjunto de la provincia de Buenos Aires, Walter Martello al disertar en la XIV Edición del Congreso Internacional “Gobierno y Servicios Públicos”, que se realizó en Costa Salguero.


El Defensor del Pueblo Adjunto bonaerense, Walter Martello, remarcó que los aumentos en las boletas de luz y gas no tuvieron correlato en una mejora sustancial de la calidad de los servicios.
También alertó por la sucesión de situaciones dramáticas: desde comedores comunitarios que deben recurrir a la leña para calentar alimentos hasta usuarios que se desconectan de la red domiciliaria ante la imposibilidad de pago y jubilados que se endeudan para poder hacer frente a las tarifas.

Disminución de clientes
Según se desprende del último balance, Camuzzi Gas Pampeana viene registrando una disminución de clientes. Concretamente, splo entre marzo de 2017 y marzo de 2018, antes de la devaluación, se desconectaron 1.539 familias. A su vez, el consumo residencial tuvo una disminución del 4% respecto al consumo registrado durante el mismo período del año anterior y el despacho de gas realizado exclusivamente a los sectores comerciales y pequeña industria cayó un 1,0%.

Sanciones
En lo que se refiere al servicio eléctrico, el Defensor del Pueblo Adjunto mostró estadísticas del ente regulador (Enre) que da cuenta del exponencial aumento de las sanciones aplicadas a las dos principales distribuidoras por incumplimientos en pautas establecidas, basadas en el perjuicio económico que le ocasiona al usuario recibir un servicio en condiciones no satisfactorias. Las sanciones en el semestre comprendido desde marzo 2017 a agosto de ese mismo año sumaron 213.653.049 de pesos, mientras que en el semestre siguiente superaron los 367 millones de pesos. Es decir, significaron una suba del 71 por ciento. A su vez, Edenor y Edesur tienen que pagar resarcimientos extraordinarios por 136.274.460 de pesos.
“Las propias estadísticas oficiales muestran que, pese a los exorbitantes aumentos de las tarifas, la calidad del servicio no mejoró. De ahí la aplicación de multas que en muchos casos no se terminan pagando porque las distribuidoras apelan y se inicia luego un engorroso camino administrativo. Es decir, las inversiones realizadas por las empresas no se corresponden con lo que efectivamente están recaudando ya que le estarían dando prioridad al pago de dividendos”, explicó Martello.

Audiencias públicas
El Defensor del Pueblo Adjunto insistió en la necesidad de ponderar el rol de las audiencias públicas como forma de ponerle un freno a los aumentos tarifarios indiscriminados: “Si bien puede afirmarse que en la audiencia pública no se ‘decide’, al mismo tiempo el Estado no puede legítimamente ‘decidir’ sin una previa y adecuada participación de los usuarios y sin tomar en cuenta, para justificar y fundar su acto, el resultado de aquella. Razón por la cual resulta imperioso estructurar procedimientos de audiencia pública que estén en condiciones de cumplimentar las exigencias marcadas oportunamente por la Corte Suprema nacional.
“La Defensoría, al ser un órgano extrapoder, tiene como función defender los derechos individuales y colectivos. El régimen actual de servicio público prevé un eje normativo que pone en el centro al usuario y por ello, al proteger sus derechos, también buscamos garantizar su dignidad como persona humana”, concluyó Martello.

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