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Salud Mental, entre el nuevo paradigma y las controversias

El funcionario nacional señaló que los hospitales monovalentes deben transformarse. (www.diariodigital.com) El funcionario nacional señaló que los hospitales monovalentes deben transformarse. (www.diariodigital.com)

La ley que regula cómo debe asistirse a las personas con padecimiento mental sigue generando voces diversas. En los últimos días creó polémica la versión sobre el cierre de hospitales monovalentes y comunidades terapéuticas, algo que fue desmentido.


Aunque a menudo se habla de la “nueva Ley de Salud Mental”, la normativa ya tiene años de vigencia y aun sí sigue generando no pocas controversias en su implementación, quizás porque los avances no han sido todo lo significativos que se esperaban y porque en un sistema de salud fragmentado y en crisis la ley vino a generar un cambio de paradigma radical en lo que atañe al abordaje de los problemas de salud mental, planteándolos desde la restitución de derechos de las personas con padecimientos mentales.
Uno de los puntos que por estos días genera más controversia es la cercanía establecida en una de las resoluciones de aplicación de la normativa que señala el plazo de enero de 2020 como el límite para la desaparición de los hospitales de internación monovalentes, mal llamados “manicomios”. Han sido varias las voces que se han proclamado a favor y en contra de esta posibilidad, atendiendo a que no están del todo dadas las condiciones para que los nuevos paradigmas postulados por la ley se hayan plasmado en dispositivos acordes al nuevo abordaje que supone la interdisciplina, la inserción comunitaria de los pacientes y la atención en hospitales generales, entre otras cuestiones que suponen un trabajo dotado de recursos y ejecutado en verdaderas redes de atención.
Para desentrañar algunos aspectos en relación a esta cuestión LA OPINION entrevistó a Luciano Grasso, director nacional de Salud Mental y Adicciones, quien remarcó que las controversias en torno a la Ley de Salud Mental han puesto el foco en lo que respecta al hospital con internación monovalente y en este punto consideró importante “encuadrar de qué hablamos cuando hablamos de salud mental”.


El origen de las controversias
“Más allá de las instituciones o los efectores que esta discusión está planteando, la ley hace referencia a un modelo de abordaje de la salud mental que es comunitario, es integral y que es con perspectiva de derechos”.
A juicio del funcionario, para que este modelo sea implementado es necesaria una serie de reformas de los efectores y del sistema de salud a efectos de que puedan funcionar acordes a la ley”.
Respecto del avance conseguido en estas adecuaciones, Grasso refirió que esos cambios y transformaciones se han ido dando a lo largo de los años, e incluso previo a la ley, pero admite que “evidentemente no se han dado de una manera que hoy podamos decir que la ley está en pleno cumplimiento”.
“En su momento el decreto reglamentario de la ley hacía referencia a que en 2020 debían estar cerrados los hospitales monovalentes y el sistema de salud transformado y lo cierto es que no se ha avanzado lo suficiente como para que eso se pueda lograr”, reconoció.

Luciano Grasso, director nacional de Salud Mental y Adicciones brindó su testimonio. (www.argentina.gob.ar)

Rol de rectoría
Luciano Grasso recordó que la Dirección Nacional de Salud Mental tiene un rol de rectoría en la implementación de la ley por cuanto el país es federal y es competencia de las provincias establecer la política sanitaria de cada lugar. “Son las provincias las que están a cargo de los sistemas de salud, la Nación tiene una función de rectoría para definir y consensuar las políticas públicas y brindar los lineamientos de cómo debe ser un modelo de salud mental para que luego pueda ser implementado por las provincias con el acompañamiento y la cooperación técnica de la Nación”, sostuvo, poniendo el acento en las pautas normativas y herramientas técnicas que se brindan con el propósito de operativizar la implementación de la ley . Así puso el ejemplo de las pautas de funcionamiento de los sistemas de salud mental que fueron aprobadas por la Resolución Ministerial N° 715 en la que se plasman herramientas que definen cómo deben funcionar los dispositivos de acuerdo a la ley.
“Estos ejes rectores contemplan la prestación de servicios de salud mental en el primer nivel de atención, la existencia de hospitales de día comunitarios, las internaciones en hospitales generales y dispositivos intermedios y la existencia de dispositivos habitacionales y emprendimientos laborales de inclusión social, entre otras cuestiones”, enumeró. Y aclaró: “Las pautas no hacen referencia a los hospitales monovalentes porque deben ser sustituidos por esta red integrada de salud mental con base en la comunidad”.
“Esta resolución justamente plantea que los dispositivos son los de la red y que por los tanto el hospital monovalente no debe formar parte de ella. Esto generó controversias que no son otras que las que la Ley de Salud Mental había generado ya en el año 2010”, planteó el director nacional.
Respecto de ello, opinó que “hay sectores que son proporcionalmente minoritarios que tienen disidencias respecto de la ley”.

Avanzar en la transformación
Planteó que el hospital monovalente debe transformarse en forma progresiva hasta desaparecer y aclaró que “esto es algo que no estamos diciendo nosotros ahora, sino que desde la sanción de la ley en el año 2010 ya se sabía”.
“Hay que recordar que la Ley de Salud Mental tuvo un largo proceso de debate y revisión y luego de los consensos logrados y el aporte de muchos profesionales terminó aprobándose por unanimidad”, señaló.
“Las últimas resoluciones lo que definen con mayor minuciosidad son pautas de implementación, pero siempre sobre los lineamientos de la letra de la ley que rige en nuestro país desde 2010. No hay ninguna innovación en este sentido”, recalcó. Aunque admitió que “por supuesto que hay sectores que al acercarse el año 2020 sienten la necesidad de expresarse en contra de la ley”.
Sobre ello marcó que “es su derecho en democracia plantear su posición a favor o en contra, lo que no se puede hacer es no cumplir la ley, porque estamos en un estado de derecho y nosotros tenemos la responsabilidad de avanzar y generar herramientas para su pleno cumplimiento”.
“En cualquier ley y más en cuestiones inherentes a la salud, el cumplimiento no puede ir en detrimento de los derechos de las personas con padecimiento mental. A nadie se le ocurre pensar que de un día para el otro los hospitales monovalentes se van a cerrar y que los pacientes van a quedar sin tratamiento o los trabajadores en la calle. Esto también circuló como información de manera errónea cuando nadie está diciendo que a partir del 1° de enero se va a cerrar intempestivamente ninguna institución”, recalcó.
Asimismo insistió en que lo que se está diciendo desde la Dirección Nacional de Salud Mental es que “es necesario profundizar las reformas y dar cumplimiento a la ley, porque en realidad hoy se están vulnerando los derechos de las más de 12 mil personas que internadas en hospitales monovalentes y el censo nos dice que el promedio de internación es de ocho años o más, lo que implica que hay mucha gente viviendo en un hospital psiquiátrico y esto debe dejar de suceder”.

Sin prisa, pero sin pausa
“Este es un cambio que debe hacerse sin pausa y sin detenernos, que esto siga sucediendo es una deuda que tenemos como país, pero las transformaciones hay que hacerlas de manera gradual. No podemos mirar para atrás y quedarnos mirando los motivos por los cuales no se avanzó lo suficiente. Tenemos que mirar hacia adelante y brindar las herramientas para que esta transformación se profundice y lleguemos más temprano que tarde a que argentina sea un país sin manicomios”, concluyó el funcionario.

El relato de Myriam Lucero exige una mirada sobre las comunidades terapéuticas. (www.losandes.com.ar)

El testimonio de una madre, una mirada desde el sentido común

Myriam Lucero es la mamá de Saulo Rojas. Su hijo falleció a los 23 años en una comunidad terapéutica que fue clausurada en 2017 después de una ardua lucha. Vivió en carne propia el trajinar de su hijo por distintas instituciones y experimentó el modo en que los servicios judiciales y de salud no siempre pueden encuadrar su accionar en el marco de una ley que tiene a la protección de derechos en el centro de su esencia. En un testimonio bridando a LA OPINION y con la crudeza de haber atravesado el mayor dolor, su historia es la de muchas mamás pero también el reflejo de cómo funciona un sistema que no termina de transformarse. Más allá de la vivencia personal, lo que su voz aporta es un manto de sentido común sobre las cuestiones burocráticas sobre las cuales a menudo se detiene la mirada, demorando un proceso de adecuación de los dispositivos y de concepción de los padecimientos mentales y el consumo problemático de sustancias desde la salud y el respeto al derecho humano fundamental, que es el derecho a la vida.
Por la riqueza de sus apreciaciones, el testimonio no fue editado. Quizás porque no hacen falta juegos de palabras para fundamentar los argumentos cuando se basan en el sentido común y la verdad. Algo que la política y los ejecutores de la política sanitaria deberían imitar.
“Mi hijo comenzó con problemas de adicciones a los 14 años y lamentablemente esto se fue acrecentando. Era diabético y si bien desde el minuto uno, cuando empecé a sospechar, lo consulté con su médica, no pudo sostener ningún tratamiento ambulatorio. Empezó a hacer crisis severas y tuvo algunas internaciones en neuropsiquiátricos en Mendoza, de donde éramos. También internaciones breves fuera de la provincia, como en La Rioja y en una de las Casas del Sur de Sedronar. Pero no había médicos que pudieran ayudarlo en la parte clínica y a través de un amparo judicial, y viendo que estaba al borde de la muerte producto del consumo y de no recibir insulina para controlar su diabetes, llegamos a Buenos Aires a la comunidad San Camilo, en Pilar, donde supuestamente iban a poder atender ambas cosas. Finalmente, al año de estar en ese lugar pierde la vida en una situación muy poco clara. Y a partir de su muerte y por intervención de un periodista y su investigación sobre comunidades terapéuticas es que salió a la luz todo lo que pasaba en ese lugar. Me habían dicho que Saulo había muerto de un infarto y luego descubrimos que había sido a raíz de un paro respiratorio traumático. Quienes estaban internados allí eran víctimas de muchas situaciones, torturas, encierro, abuso, sobremedicación. Hasta el día de hoy lamento no haber tenido para aquel entonces conocimiento de que había una Ley de Salud Mental, estoy hablando de 2012 y 2014. Ahora que puedo ver a la distancia, el peor enemigo que podemos tener es la desinformación. Lamentablemente para mí es tarde”.


El más común de los sentidos
Con la templanza de haber perdido lo más preciado que tenía, Myriam asegura que todo este tiempo ha tenido la oportunidad de ver la realidad en torno a la salud mental desde “la vereda de enfrente y pienso que si estos lugares fueran auditados, la cosa sería diferente. Me parece que hay muchas cosas que reestructurar”.
“Apoyo la Ley de Salud Mental, pero también me doy cuenta que no se ha avanzado demasiado. Posiblemente sea que no haya demasiada voluntad política. De los pormenores no estoy al tanto. Lo que sí puedo decir es que durante todos estos años hay chicos con severos problemas de consumos a los que hay que dar respuestas inmediatas. Las familias no pueden esperar. Las comunidades terapéuticas deberían ser controladas, reglamentadas para que dejen de ser un negocio. Creo que hay muchas cosas que reordenar. Puede ser y seguramente debe hacer lugares donde se atienda con amor y responsabilidad, no lo dudo. Pero de nada sirve que haya una ley si no se cumple. San Camilo, el lugar donde murió Saulo, funcionó durante 20 años y es imposible que no hayan visto las condiciones infrahumanas en que estaban los pacientes. Si no hay leyes que protejan a los usuarios del sistema de salud mental, estamos dando vuelta en círculo. Las leyes están hechas para cumplirse y si esto no pasa algo está fallando.
“En un total desconocimiento permití que un Juzgado de Familia lo enviara a mil kilómetros de sus afectos. No siquiera el Juzgado que lo envió se encargó de averiguar si estaba siendo atendido. En mi caso particular muchas veces sentí que el Estado me soltaba la mano. Es muy importante hacer prevención temprana y hacer conocer la ley para que cada uno conozca sus derechos.
“No sé si los hospitales generales están preparados para recibir a los chicos que llegan en crisis. Falta mucho por hacer. Pero hay que hacerlo, no se puede esperar más”.

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