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El proceso penal tiene tres imputados: Claudio Schiavoni, titular del Sindicato; Mauricio Chavero, exsecretario de vivienda y Osvaldo Zabatta, que fuera titular de la empresa Forjar S.A y se encuentra prófugo.
La fiscalía N°3 de Pergamino elevó a juicio la causa por estafa a 148 familias en el marco de la investigación por la construcción de un complejo habitacional por parte del sindicato de Luz y Fuerza. El proceso penal tiene tres imputados, de los cuales uno está prófugo.
El fiscal Nelson Mastorcchio consideró que con todas las pruebas que en la etapa de investigación se produjeron, la causa sea elevada a juicio. Cerrándose así la etapa de investigación previa y procesando a los imputados quienes habrán de someterse a la etapa judicial. Ello por cuanto consideró que hay elementos suficientes como para tener acreditada la existencia de un delito que se le endilga a los imputados: Claudio Schiavoni, titular del Sindicato; Mauricio Chavero, exsecretario de vivienda y Osvaldo Zabatta, que fuera titular de la empresa Forjar S.A, quien nunca se presentó a la indagatoria y se encuentra prófugo de la Justicia.
Cabe recordar que Claudio Schiavoni se presentó en la sede del Ministerio Público Fiscal junto con su abogado el miércoles 21 de febrero después de ausentarse en tres oportunidades por diferentes motivos. En esa ocasión hizo su declaración mediante la presentación de un escrito.
Schiavoni rechazó la imputación del delito que se le achaca, argumentando -entre otras cosas- que nunca se pactó con el Sindicato que éste asumiera la realización de las obras de infraestructura del barrio. Lo que –según la investigación del fiscal- contrasta palmariamente con la letra de los contratos firmados por las 148 familias y el Sindicato, de los que se desprende que el Sindicato entregará al “futuro adjudicatario” una parcela de lote de 220 m2, con todos los servicios (agua, cloacas, gas y cordón cuneta) en donde será construida una vivienda…” Cabe aclarar que los damnificados también reclamaron que los terrenos son más chicos de lo que les vendió el Sindicato en su oportunidad.
El doctor José Villanueva -abogado de un gran número de familias adjudicatarias- explicó a LA OPINION que los argumentos defensivos de los imputados “quedan librados a su criterio personal; no obstante distan mucho de la realidad de los hechos que han sido expuestos a la luz gracias a las pruebas que a lo largo de la investigación penal previa se han conseguido. Hechos que llevaron al fiscal actuante a tener por acreditada la existencia de un hecho delictivo que le es reprochado a los imputados, elevando la causa a juicio en función de ello”.
