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El miércoles, por orden del juez Villafuerte Ruzo, la Policía detuvo a un productor, un ingeniero agrónomo y un operario de fumigador, por estar aplicando fitosanitarios cerca de J. A. de la Peña. Tras prestar declaración fueron puestos en libertad.
Tres hombres fueron detenidos el miércoles y excarcelados ayer tras prestar declaración indagatoria, por orden del juez federal de San Nicolás Carlos Villafuerte Ruzo, acusados de no respetar la ordenanza municipal sobre el “manejo responsable de productos fitosanitarios” que, entre otros aspectos, limita las fumigaciones a determinadas áreas alejadas de la zona urbana y las escuelas.
Fuentes judiciales confirmaron que la detención se dio tras la denuncia de vecinos, que comprobaron cómo supuestamente en este campo se pulverizaba en zonas de exclusión consideradas en la normativa comunal. La Policía, por orden del magistrado, detuvo al dueño del establecimiento rural, ubicado J. A. de la Peña, un ingeniero agrónomo y el operario del pulverizador que se usa para aplicar los agroquímicos.
Según fuentes consultadas, los implicados contarían con todos los permisos en regla, solo que no se habría respetado por 10 metros la zona de exclusión, pues la aplicación se estaría haciendo a 90 metros del ejido urbano y no como mínimo a 100 tal como señala expresamente la ordenanza.
Ayer los tres acusados fueron indagados por el fiscal Matías Di Lello y el juez Villafuerte Ruzo y tras esa instancia fueron puestos en libertad, mientras la causa sigue su curso para determinar responsabilidades.
Si bien no tiene una correlación directa, el hecho se suma a la causa en la que el magistrado investiga la contaminación en tres barrios de Pergamino (Villa Alicia, Luar Kayad y La Guarida). Para esas zonas Villafuerte Ruzo dispuso recientemente una restricción para fumigar a 1.065 metros del ejido urbano. Si bien J. A. de la Peña no entró en ese fallo, sí lo comprende la normativa municipal, sancionada en diciembre de 2014.
En la normativa se indica que la “zona de exclusión” es donde no se autoriza ningún tipo de pulverización y está formada por los primeros 100 metros desde el límite de la zona urbana, y a continuación sigue la “zona de amortiguamiento” con un ancho de 500 metros.
La causa por el mal uso de agroquímicos que lleva Villafuerte Ruzo está más que activa. A fines de octubre, el juez procesó a tres productores agropecuarios por el delito de contaminación del ambiente de un modo peligroso para la salud, mediante la utilización de residuos calificados peligrosos en forma continuada al menos desde 2011 en adelante.
De ser hallados culpables, los productores rurales podrían recibir una pena de entre tres y 10 años de prisión por envenenar, adulterar o contaminar “de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general”, según dicta el Código Penal. Además, el magistrado decretó un embargo de 3.000.000 de pesos para cada uno de ellos. Estos tres productores también están en libertad.
El magistrado destacó que, lejos de no saber lo que hacían, los imputados conocían “las acciones desplegadas, con total y absoluto dominio de los hechos, así como también la voluntad de sostener cada uno de estos elementos en la continuidad de las acciones delictuales”. Es decir que, para el juez, los productores sabían que podían afectar a los vecinos de los barrios linderos y no les importó.
En septiembre de este año Villafuerte Ruzo definió una nueva y más poderosa restricción para la utilización de estos productos: prohibió pulverizar a menos de 1.095 metros de cualquier zona urbana de Pergamino ni a menos de 3.000 metros si la práctica es aérea.
