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El Juzgado en lo Correccional Nº 2, a cargo de Alejandro Salguero, dio a conocer una condena a un sujeto que tras entregar en forma de pago cuatro cheques, inmediatamente los denunció como extraviados impidiendo el cobro de los mismos.
El hecho de marras que derivó en una sentencia de 10 meses de prisión en suspenso y distintas inhabilitaciones ocurrió en septiembre de 2017, cuando el ahora condenado denunció falsamente el extravío de cuatro cheques, frustrando así maliciosamente el cobro de los mismos por parte de su legítimo tenedor quien los recibió del falso denunciante como pago de servicios de medicinal laboral.
La investigación estuvo a cargo de Pablo Santamarina, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 8 local, quien imputó al sujeto de 70 años a raíz de la denuncia presentada por la persona que se vio imposibilitada de cobrar los cheques en cuestión.
En el juicio, que tuvo lugar en la sala de audiencias del Juzgado Correccional Nº 2, el fiscal Santamarina expuso los elementos probatorios reunidos en la etapa de instrucción que a su criterio fueron determinantes para procesar al imputado primero y luego elevar la causa a juicio.
El testimonio determinante fue brindado por quien recibió los cheques como pago a los servicios que había brindado. Esta persona contó que los mismos fueron entregados en mano por el enjuiciado y que cuando quiso cobrarlos en la entidad bancaria se llevó la sorpresa de que la misma persona los había denunciado como perdidos, práctica habitual de aquellas personas que libran obligaciones sin fondos respaldatorios.
La carátula de la instrucción penal fue por los delitos de falsa denuncia y frustración maliciosa de pago de cheques, calificación legal por la que el juez Salguero condenó al imputado como autor penalmente responsable a la pena de 10 meses de prisión en suspenso y un año de inhabilitación especial para ser titular y operar cuentas corrientes bancarias, ya que al momento de la sentencia el imputado no registra antecedentes condenatorios previos.
Asimismo se le ordenó también al condenado que cumpla por el término de dos años con las siguientes reglas de conducta: fijar su domicilio debiendo informar cualquier cambio de vivienda que efectúe, dentro de los 10 días de realizado y someterse al tutelaje del Patronato de Liberados, sito en calle Italia y Sabino de Pergamino.
