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Las audiencias se pondrán en marcha a 2.101 días de la jornada en la que se activó un operativo de casi una semana en busca de sobrevivientes. Desde entonces, los restos del edificio de calle Salta fueron demolidos y el Gobierno provincial expropió el lugar.
Esta mañana un total de once personas serán juzgadas en Rosario por estrago culposo agravado al iniciarse el juicio oral por la explosión de un edificio ocurrida en agosto de 2013 que provocó 22 muertes (entre ellos el joven pergaminense Santiago Laguía) y 62 heridos.
De los imputados que llegan a juicio, los fiscales adelantaron que pedirán el sobreseimiento de dos de ellos -un gasista y un ayudante- al entender que por su participación en el hecho no tienen responsabilidad penal, añadieron.
El tribunal que dirigirá el debate está integrado por los jueces Marcela Canavesio, Rodolfo Zvala y Carlos Leiva; mientras que por la Fiscalía actuarán cuatro acusadores: Graciela Argüelles, María Eugenia Iribarren, Valeria Piazza Iglesias y Miguel MorenoSegún se informó, las audiencias se desarrollarán los lunes, miércoles y jueves entre las 8:30 y las 17:30, y los martes desde las 13:00 hasta las 19:00. De acuerdo a las previsiones del tribunal, el juicio se extenderá hasta el 12 de junio.
Los acusados llegan al debate procesados por estrago culposo agravado por muerte, un delito que "consiste en causar un daño de grandes proporciones y el cual genera un peligro común", detalló hoy el Ministerio Público de la Acusación (MPA).
El monto máximo de la pena establecido en el Código Penal para ese delito es de cinco años de prisión.
Historia
La explosión del edificio ubicado en Salta 2141 de Rosario se produjo a las 9:38 del 6 de agosto de 2013 por una fuga de gas que al acumularse y "reaccionar ante una fuente de ignición" provocó la implosión de la torre, que causó 22 muertes.
De acuerdo a la investigación que llevó adelante la fiscal Argüelles durante la instrucción, la explosión fue posible como consecuencia de "una cadena de negligencias" que involucraron desde el gasista matriculado que trabajaba en el lugar al personal de la empresa Litoral Gas y a los administradores del consorcio.
Ante un problema de pérdida de gas en el edificio, el 25 de julio de 2013 asistió el gasista matriculado José Allala, quien procedió "al accionamiento de la válvula de bloqueo para lo cual, según normativa vigente, se encuentra autorizado sólo personal de la licenciataria Litoral Gas", señala el procesamiento.
De acuerdo a la causa, frente a la persistencia del problema los administradores del consorcio informaron a los propietarios e inquilinos que debían colocar dos reguladores de gas para una mejor provisión del fluido.
Unos días después, el 2 de agosto durante una reunión de consorcio, otro gasista contratado por la administración, Osvaldo García, explicó que "era más económico colocar un regulador de 100 en lugar de dos de 50, como asimismo que no debía realizarse obligatoriamente para la rehabilitación del servicio una inspección en todas y cada una de las unidades habitacionales del edificio", algo contrario a las normas.
Según el expediente, algunos vecinos -dos de los cuales luego murieron en el siniestro- requirieron información precisa sobre los trabajos a realizar, que el administrador habría retaceado.
García y su ayudante Pablo Miño -para quien la Fiscalía solicitará el sobreseimiento- cambiaban el regulador el 6 de agosto de 2013 cuando se produjo la fuga de gas que provocó el estallido, aunque alcanzaron a escapar corriendo.
Además del gasista, los fiscales también acusan por estrago culposo agravado a los inspectores de Litoral Gas Guillermo Oller y Luis Curaba, al jefe de mantenimiento de la empresa, Claudio Tonucci, y a la gerenta técnica, Viviana Leegstra,
Por su presunta negligencia también serán acusados los miembros de la administración del edificio Norma Bauer, el asesor jurídico Carlos Repupilli y su esposa y administradora del consorcio, Mariela Calvillo.
