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Desde el Ministerio de Seguridad informaron que lo que se busca es disminuir "las consecuencias letales y lesivas" del uso de las armas de fuego por parte de las fuerzas, con foco en la formación profesional y las condiciones de salud y equipamiento del personal.
El Ministerio de Seguridad creó el "Programa sobre uso de la fuerza y empleo de armas de fuego", que busca disminuir "las consecuencias letales y lesivas" del uso de las mismas por parte de las fuerzas de seguridad, con foco en la formación profesional y las condiciones de salud y equipamiento del personal.
La normativa, que lleva la firma de la titular de la cartera, Sabina Frederic, entró en vigencia este martes a partir de la publicación de la resolución 377/2020 en el Boletín Oficial.
De acuerdo al anexo de la resolución, el programa se pondrá en funcionamiento frente a "todo hecho en el cual se produzca disparo de armas de fuego y que involucre a personal de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales, haya o no heridos o fallecidos como consecuencia de dicho suceso".
Además, el texto señala que las pautas elaboradas por el programa, que actuará bajo la órbita del Gabinete de Asesores del ministerio, deberán ser aplicadas en el plazo de un mes por los jefes de la Policía Federal, la Gendarmería, Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, "a fin de ajustar sus procedimientos internos a pautas generales de actuación ante hechos de uso de armas de fuego que involucren al personal a su cargo".
Por último, la resolución añade la conformación de una Comisión Ad Hoc integrada por representantes de las subsecretarías de Derechos, Bienestar y Género; de Control y Transparencia Institucional y de Formación y Carrera de cada una de las fuerzas federales, "para el seguimiento y coordinación de la adecuación normativa e institucional".
En ese sentido, detalla que el Gabinete de Asesores podrá convocar a las reuniones de dicha Comisión a integrantes del Comité Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura, así como a representantes de la sociedad civil.
