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La tragedia ocurrida en un edificio de Rosario causó la muerte de 22 personas, entre ellas el joven pergaminense Santiago Laguía. El tribunal integrado por Marcela Canavesio, Rodolfo Zvala y Carlos Leiva dictará el veredicto.
La sentencia en el juicio oral y público por la explosión en el edificio de Salta 2141 -que provocó 22 muertos en agosto de 2013 entre ellos el joven pergaminense Santiago Laguía- se conocerá el martes 2 de julio, a las 14:00, según se informó en la última jornada de alegatos que se desarrollaron en el Centro de Justicia Penal.
En tanto, en la última jornada del juicio, la defensa del gasista Carlos García, quien manipulaba el regulador de gas el día en que estalló el edificio de Salta 2141, aseguró que el matriculado no actuó clandestinamente, sino que lo hizo en el marco de autorizaciones verbales y laxas, y "condicionado por una serie de irregularidades".
Entre esos condicionamientos, el defensor Hugo Bufarini destacó que la labor del gasista estuvo enmarcada en "un contexto social, económico, político, laboral y humano" y subrayó que la tragedia "germinó antes del 6 de agosto de 2013. Anidó en las privatizaciones de las empresas distribuidoras de servicios públicos", puntualizó.
A su entender, al nacer Litoral Gas (producto de la desaparición de Gas del Estado), "la empresa empezó a fijar pautas propias de un criterio economicista. Esos criterios condicionaron a García. Por crisis, falta de rentabilidad o pura avaricia, evitaban hacer mantenimientos y capacitaciones", remarcó.
Bufarini dijo que todo cambió después de la tragedia de calle Salta, y basándose en testimonios de testigos que pasaron a lo largo de estos dos meses por el juicio que busca determinar las responsabilidades del estrago culposo que terminó con 22 vidas, detalló que no fueron pocos los gasistas que confirmaron que la empresa no solicitaba formularios para realizar cortes del servicio.
El letrado pronunció un extenso alegato de cierre en el marco de la última jornada del juicio, que ahora entrará en receso hasta el martes que viene cuando el tribunal integrado por Marcela Canavesio, Rodolfo Zvala y Carlos Leiva dictará el veredicto.
Bufarini puntualizó que "hay muchas dudas" con respecto a lo que sucedió el día de la tragedia, y basado en esas dudas y el principio que reza "en caso de duda se favorecerá al imputado" solicitó la absolución de García.
No obstante, le pidió al Tribunal que si eso no sucediera, la sanción a su defendido no supere el mínimo que establece la ley para este delito, es decir, un año de prisión y de cumplimiento en suspenso.
Qué penas solicitaron
El juicio por la explosión del edificio de Salta 2141 entró en la etapa final y la fiscalía ratificó el pedido de cinco años de prisión efectiva para 9 de los 11 imputados por estrago doloso, mientras que la querella solicitó la misma pena pero para todos los acusados por el estrago que provocó la muerte de 22 personas.
El fiscal Miguel Moreno pidió la pena de cinco años de prisión efectiva por estrago culposo agravado por las 22 muertes para el gasista Carlos García y su ayudante Pablo Miño, quienes habían sido contratados por la administración del consorcio para que realizaran el día de la tragedia el cambio del regulador de gas del edificio.
La misma pena solicitó para los empleados de Litoral Gas: Viviana Beatriz Leegstra (gerente técnica), Claudio Tonucci (jefe de mantenimiento de redes), Guillermo Oller y Luis Curaba. También para los administradores del edificio Norma Bauer, Carlos Repupilli (asesor legal) y la administradora del consorcio Mariela Calvillo.
De esa manera, Moreno acusó a nueve de los once imputados y destacó que no encontró responsabilidades penales en el gasista José Luis Ayala y en el empleado de Litoral Gas, Gerardo Luis Bolaño.
En cambio para la querella, a cargo del letrado Angelo Rossini que representa a la familia de Débora Gianangelo, una de las 22 víctimas mortales, la misma pena solicitada por la fiscal deberá “extenderse a los once imputados”.
"Quizás nunca más en la vida nos toque trabajar en un hecho como este, que no tiene antecedentes en la ciudad", apuntó Moreno en la audiencia de alegatos finales con el que arrancó la etapa final del juicio.
“El 6 de agosto de 2013 se produjo una explosión por fuga masiva de gas, a causa de una suma de circunstancias anteriores y posteriores”, sostuvo el fiscal, y al ratificar la pena solicitada al comienzo del juicio, el 8 de mayo pasado, concluyó en “que hubo un obrar negligente y antirreglamentario”. (LA CAPITAL DE ROSARIO).
