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Desde la denuncia inicial radicada en 2016, gran cantidad de elementos habrían confirmado la maniobra del imputado, quien abusando del estado de necesidad e inexperiencia de una persona incapaz la perjudicó económicamente. Son cerca de 30 hectáreas en Pinzón.
Previo al inicio de la feria judicial, Julio Caturla, titular del Juzgado de Garantías Nº 2, elevó a juicio una instrucción penal en la que el fiscal Nelson Mastorchio y la fiscalía a su cargo lograron comprobar en esta etapa que un hermano, aprovechando la salud y estado de indefensión de su hermana, se habría apropiado mediante engaños de un lote de campo en Pinzón, por un total de aproximadamente 30 hectáreas.
La investigación, instruida por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 3 de Nelson Mastorchio, sumó desde la denuncia inicial radicada en agosto de 2016, gran cantidad de elementos que habrían confirmado la maniobra del imputado, quien abusando del estado de necesidad e inexperiencia de una persona incapaz la perjudicó económicamente.
Es así que, aprovechando la edad avanzada de su hermana octogenaria, su escasa instrucción, su falta de sociabilización, su estado de salud general deteriorado y la plena confianza que ella había depositado en él en virtud del lazo sanguíneo que los une, manifestando que debían firmar unos papeles del alquiler del campo, en 2014, y ante escribano público le hizo suscribir una cesión de derechos hereditarios del campo propiedad de sus padres, a su favor, por una irrisoria suma de dinero que jamás habría cobrado.
Mastorchio fundó la existencia de la conducta ilícita y la autoría del imputado sobre la base de la multiplicidad de elementos documentales, testimoniales y periciales que se acumularon en el cuerpo de la causa.
La prueba documental consistente en: informes bancarios, documentos firmados ante el escribano público y copias de los expedientes civiles, confirmaron los dichos vertidos en la denuncia efectuada ante el Ministerio Público Fiscal.
Vulnerable
La pericia psicológica y psiquiátrica de la víctima, efectuada por profesionales en la materia, determinaron el debilitamiento psíquico de la mujer y su tendencia a la credibilidad en los otros, en los que no lograba anticipar segundas intenciones que pudieran perjudicarla, conducta propia de la su edad y su correlativa senescencia, hecho que habría facilitado la concreción de la estafa.
Por otra parte, el Centro de Asistencia a la Víctima de la Fiscalía informó que la octogenaria presentaba un estado general desmejorado y de vulnerabilidad, no solo determinado por la avanzada edad sino también en por las condiciones de vida en la que habitaba, y que esto condicionó y limitó la posibilidad de recibir instrucción y de adquirir ciertas pautas socioculturales con las cuales posiblemente hubiera podido percatarse y dar dimensión a las acciones engañosas que se le presentaron.
Testigos
Los distintos testimonios de vecinos, familiares y conocidos de la familia confirmaron la maniobra con la que el hermano se le había apropiado de la parte del campo que le correspondía a la víctima porque supuestamente la había hecho firmar un papel, además del delicado estado de salud y las pésimas condiciones en las que habitaba junto a su descendencia, aseverando que la casa de la señora era muy precaria.
Asimismo los relatos confirmaron que el hermano y sus hijos explotaban la propiedad rural de la víctima y que, aprovechando ese vínculo contractual, la habrían hecho firmar en una escribanía de nuestra ciudad los documentos en los que cedía la propiedad del campo en cuestión.
El descubrimiento de la maniobra se dio cuando el hijo de la denunciante, sospechando algún vicio en la firma de esos supuestos papeles de arrendamiento, pidió a su primo que vive en el mismo predio, copia de los mismos y como esta persona negó todo y fingió desconocer cuál era el contenido de esos trámites, se acercó a la ciudad y con el patrocinio de un abogado particular obtuvo en la escribanía la copia del mentado documento, descubriendo de esa manera la posible estafa perpetrada.
Cabe señalar que paralelamente, ante el Juzgado Civil y Comercial Nº 2 de este Departamento Judicial, se inició un expediente solicitando la nulidad del acto por el cual se cedió la propiedad del predio rural en cuestión, poniendo de manifiesto la exigua cotización por hectárea que figuró por la operación.
Hasta 6 de años de prisión
La causa, caratulada bajo el delito de circunvención de incapaces y estafa -ambos previstos en el Código Penal con una pena máxima de 6 años de prisión-, se encuentra a la espera del sorteo del Juzgado Correccional que actuará como órgano de juicio.
