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Los imputados están acusados de utilizar dinero de una pareja de ancianos para realizar compras y pagar servicios por miles de pesos. En los próximos días se elevará a juicio la causa investigada por la Fiscalía Nº 3 de Nelson Mastorchio.
La Unidad Fiscal de Instrucción y Juicio Nº 3 a cargo del agente Nelson Omar Mastorchio reunió las pruebas suficientes para someter a audiencia de declaración indagatoria a una mujer y a su hijo tras haber utilizado una tarjeta de débito de una pareja de adultos mayores en diciembre de 2018.
La instructora judicial Susana Muscolini, responsable de la investigación, solicitó a través de diferentes vías informáticas los detalles bancarios y telefónicos que, sumados a los datos aportados en la denuncia efectuada por el hijo de los damnificados, posibilitaron identificar a los autores de la maniobra defraudatoria.
En la denuncia radicada en febrero de este año en la sede del Ministerio Público Fiscal, trascendió que la anciana pareja, impedida por afecciones físicas derivadas por su edad, eran atendida y visitada en su domicilio por algunas personas que se ocupaban de sus necesidades. Ambas personas poseían tarjetas de crédito y débito de dos entidades bancarias y pudo comprobarse que sus datos fueron copiados ya que se registraron operaciones de pago de servicios y compras de diversa índole en el resumen de cuenta de las tarjetas. A su vez el denunciante recibió un llamado telefónico del sector cobranzas del Banco Supervielle manifestándole que existía una suma de varios miles de pesos que se encontraba impaga y que se había registrado a mediados de diciembre de 2018.
Fue así que el hijo de las incautas víctimas cayó en la cuenta de que sus padres habían sido estafados ya que era imposible que ellos hayan efectuado esos gastos ya que no salieron de su domicilio por sus impedimentos físicos en las fechas detalladas por la entidad bancaria. La identificación de los sospechosos del fraude pudo lograrse fácilmente a partir de los registros de pago provistos por el Banco y los informes de titularidad aportados por una empresa de telefonía celular ya que los inexpertos delincuentes abonaron facturas telefónicas personales.
La causa quedó caratulada como defraudación mediante el uso no autorizado de datos de tarjeta de débito en los términos del artículo 173 inciso 15 del Código Penal y resta indagar al hijo de la imputada para posteriormente elevar a juicio la instrucción penal ante el Juzgado de Garantías interviniente.
Las autoridades judiciales y de las distintas fuerzas de seguridad advierten a la población en general para extremar los recaudos ante este tipo de estafas, extremando los cuidados en cuanto a la divulgación de los datos de tarjetas de crédito y débito de los adultos mayores.
